Para la Organización No Gubernamental Control Ciudadano, la creación de una Comisión de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra Derechos Humanos es el reconocimiento del fracaso de las instituciones existentes en Venezuela, en la efectiva investigación y sanción de los delitos contra los derechos humanos.

La mencionada comisión aparece publicada en la Gaceta Oficial  Número 6.678 extraordinario del 27 de diciembre de 2021, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional oficialista, según informa la ONG.

Para Control Ciudadano las funciones de la mencionada comisión solapan competencias de otros órganos constitucionales de Estado, pudiendo convertirse en un espacio más de burocracia y propaganda gubernamental, al depender presupuestariamente del Ejecutivo Nacional, frustrando nuevamente la esperanza de justicia, verdad y reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Una Comisión para la garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos, solo será legítima en su funcionamiento, si sus comisionados son auténticamente independientes, de lo contrario, será un apéndice más del Ejecutivo Nacional, tal como sucede actualmente con la Defensoría del Pueblo, afirma la ONG.

La Comisión

Control Ciudadano informa que la Comisión de Justicia y Reparación tendrá un plazo de vigencia de dos años, prorrogables y estará integrada por siete comisionados, designados por la Asamblea Nacional electa en 2020.

La Ley ha previsto que tres comisionados sean designados por su destacada trayectoria en materia de derechos humanos y su acreditada capacidad profesional, ética e integridad.

Dos comisionados deben ser parte de organizaciones y movimientos de defensa de los derechos humanos, con amplia trayectoria en la materia.

Y los otros dos comisionados, deben ser diputados de la Asamblea Nacional.

Supercompetencias

Control Ciudadano advierte que la ley también ha previsto que este órgano colegiado, cuente con una Secretaria Ejecutiva, con auténticas supercompetencias, entre las que destacan:

  • Acceder a las actuaciones desarrolladas por los órganos policiales o de seguridad, del Ministerio Público, del Poder Judicial o del sistema de justicia, incluyendo aquellas que sean confidenciales o secretos.
  • Realizar visitas e inspecciones en cualquier lugar.
  • Requerir y acceder, sin reservas, a cualquier información que la Comisión estime necesaria para el cumplimiento sus fines.

Con información de Control Ciudadano




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