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Los crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros de los servicios de inteligencia del Estado no han cesado, según señaló Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela.

Añadió que se ha demostrado que estos actos no han sido cometidos por los funcionarios como hechos aislados, sino que forman parte de una estrategia aplicable por parte de autoridades venezolanas de alto nivel.

Valiñas precisó que esto quedó plasmado en el último informe de rendición de cuentas que elaboró el organismo que representa, de conformidad con el mandato que le dio el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

La funcionaria internacional hizo estas consideraciones durante su intervención en el foro virtual titulado “Derechos Humanos y Rendición de cuentas en Venezuela: Hallazgos del Tercer Informe de la Misión de Determinación de hechos sobre Venezuela”.

La actividad se realizó por iniciativa de las organizaciones Freedom House, Cepaz, Transparencia Venezuela y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB.

Marta Valiñas señaló que para el último informe presentado se entrevistaron 88 personas que aportaron información adicional a las casi 400 entrevistas anteriores que se habían realizado para informes previos. Estos no solo incluyeron entrevistas a las víctimas, sino también a familiares, representantes legales, operadores del sistema de justicia, además de exfuncionarios de organismos de inteligencia.

Según Valiñas, se determinó cómo fluye la información, cómo se imparten las órdenes, entre otras cosas, para determinar cómo funcionan estas estructuras que están al servicio del gobierno.

Valiñas se refirió además al caso del Arco Minero del Orinoco, y expresó que a pesar de las limitaciones para el acceso a la información, se han podido documentar graves violaciones a los derechos humanos, cometidos tanto por agentes estatales, como grupos armados criminales que operan en esa región del estado Bolívar.

Para ella es lamentable que habiendo tanta presencia de organismos de seguridad en ese estado, la población siga tan desprotegida de las acciones de los grupos criminales. “Es necesario seguir investigando y visibilizando hechos relacionados con trata de personas, esclavitud sexual y otras formas de esclavitud. La relatora especial de la ONU sobre trata de personas está muy interesada en esta situación”.

Incremento de violencia en la frontera

En este foro, que fue moderado por Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, también participó Tamara Taraciuk, directora interina para las Américas de Human Rights Watch (HRW).

Ella señaló entre otras cosas, que la violencia en la frontera entre Venezuela y Colombia se ha venido incrementando en los últimos tiempos con la anuencia del gobierno venezolano, cuyos representantes, en muchos casos, actúan en forma conjunta con los guerrilleros. “Desde hace varios años, tanto en el Arauca, como en Apure, operan varios grupos armados que usan la violencia para controlar el día a día de la población”.

Estos grupos armados, según señaló, incluyen al ELN, disidencias de las FARC y las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional. Este último pertenece a Venezuela.

Las agrupaciones son las que imponen normas a la población, que van desde toque de queda, prohibición de robar o matar, pagos de deudas e incluso el horario de funcionamiento de los bares. Lo hacen a través de amenazas, acciones violentas y de la extorsión.

De acuerdo con lo documentado por HRW, las autoridades venezolanas toleran que estos grupos armados operen en Apure, e incluso en oportunidades han actuado en connivencia con ellos.

Tamara Taraciuk aseguró que este año ha crecido dramáticamente la violencia en la frontera, porque hay grupos armados que se disputan el control del territorio para sus actividades ilícitas. Se trata de grupos que anteriormente operaban como aliados, pero que han tenido choques y ahora cometen asesinatos y generan desplazamientos forzados.

La defensora de los derechos humanos aseguró que en este tipo de hechos, no solo ha habido connivencia de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, sino que se han producido acciones conjuntas, entre sus representantes y los del ELN. “Si en Venezuela se logra que haya elecciones libres y justas, quien asuma el poder va a tener que enfrentar los enormes desafíos de zonas del  país que están controladas por grupos armados”.

El Arco Minero y los grupos armados

Otra de las panelistas fue Mercedes De Freitas, directora fundadora de Transparencia Venezuela, quien expresó que en un informe que hizo esa organización quedó demostrado cómo operan los grupos violentos armados en el Arco Minero del Orinoco, al igual que en otras zonas del estado Bolívar.

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A De Freitas, una de las cosas que más le llamó la atención es que la operación de los grupos criminales en esa zona, no es ajena al Estado venezolano, porque incluso supuestamente participan en ella miembros del alto gobierno, de diferentes maneras.

Según la activista, por explotación del oro se estima una producción de 2 mil millones de dólares al año, sin embargo al BCV solo ingresa el 30 por ciento de lo producido. El resto se diluye entre el contrabando por parte de los grupos armados y supuestamente por factores del alto gobierno.

De Freitas comentó que desde hace poco tiempo para acá se ha acentuado la presencia física de representantes del gobierno en el Arco Minero del Orinoco.

La Corporación Venezolana de Minería, que dirige el general Carlos Osorio, domina toda el área. Adicionalmente aparecieron nuevas empresas denominadas alianzas estratégicas, en las que el Estado tiene mayoría accionaria.

Adicionalmente hay mucha presencia de funcionarios de la GNB, de la policía del estado y municipal. Pero son las bandas criminales son las que mantienen el control político y social de la zona. Por eso concluye que hay una relación simbiótica entre las bandas criminales y el Estado venezolano.

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La fiebre del oro y la esclavitud moderna

También participó Eumelis Moya, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Guayana, quien manifestó que a pesar de la situación de inseguridad que se vive en la zona minera del estado Bolívar, la gente sigue manifestando su interés en radicarse allí por efectos de la llamada “Fiebre del Oro”.

Esto también está, según dijo, relacionado con la crisis humanitaria compleja y prolongada que existe en el país, pues las personas intentan tener mejores condiciones de vida.

Sin embargo esto ha generado en toda la zona minera una especie de esclavitud moderna, por cuanto las jornadas de extracción se producen en medio de situaciones infrahumanas y llegan a extenderse hasta por 14 horas diarias.

Moya indicó que allí también impera un proceso de explotación sexual, entre mujeres, adolescentes y niñas, que se ido agudizando.

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En espera de solicitud

Sara Fernández, coordinadora de Incidencias del Centro de Justicia y Paz, recordó que la investigación sobre posibles delitos de lesa humanidad en Venezuela comenzó el año pasado por parte de la fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Allí se concluyó que hay motivos para pensar que en el territorio venezolano se cometió este tipo de delitos, a través de torturas, violencia sexual y de género, persecución por motivos políticos y privación ilegítima de libertad.

Luego Venezuela pidió al fiscal que se inhibiera y detuviese la investigación para que el gobierno la pudiera llevar a cabo. Sin embargo el fiscal concluyó que Venezuela no podía demostrar que estaba realizando investigaciones válidas, y por lo tanto él seguiría investigando.

Por lo pronto se espera que el fiscal de la Corte Penal Internacional, haga la solicitud formal para poder continuar con la investigación.




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