Emblema de la crisis financiera en España, el proceso judicial por la salida a bolsa de Bankia se saldó este martes con la absolución del ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato y todos los demás acusados.
Por diez meses, entre 2018 y 2019, el juicio volvió a poner los focos sobre este caso traumático para España: la sonada llegada a bolsa en 2011 de un banco presentado como floreciente, y que un año más tarde se encontraba al borde a la quiebra, con un hueco en sus cuentas de 3 mil millones de euros.
Bankia, nacionalizada de urgencia, rescatada in extremis con 22 mil millones de euros de fondos públicos, generó pérdidas de todo lo invertido a 300 mil pequeños accionistas.
La cuestión central del juicio era determinar si los antiguos dirigentes del banco, entre ellos Rato, engañaron de forma consciente a los inversores al presentarles una imagen distorsionada de la entidad.
Zanjado el problema, absueltos los acusados
A casi un año del fin de las audiencias, la Audiencia Nacional, una alta jurisdicción en Madrid a cargo de causas financieras complejas, estimó que los acusados debían ser absueltos ya que la introducción a bolsa de Bankia recibió luz verde «de todos los supervisores».
La fiscalía pedía ocho años y medio de cárcel para Rodrigo Rato por los delitos de falsedad contable y estafa a los inversores siendo presidente de Bankia, entre 2010 y 2012.
El ministerio público solicitaba también penas que iban de seis meses a seis años de cárcel para 14 de los 32 acusados, entre ellos otros cuatro altos responsables del banco.
«El proceso que culminó con la salida a bolsa de Bankia resultó intensamente supervisado con éxito por el Banco de España, la CNMV (la autoridad de los mercados financieros), contando en definitiva con la aprobación de todas las instituciones», escribió en su sentencia la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
«Estafa»
El folleto de entrada en bolsa, destinado a informar a los potenciales accionistas, contenía información «más que suficiente para que los inversores (…) se formasen un criterio razonado sobre el valor de la compañía», así como una «descripción de los riesgos exhaustiva y clara», según el tribunal.
Además, la Audiencia Nacional constató que en el juicio «solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos», por lo que no pueden hallarse culpables.
El colectivo ciudadano 15MpaRato, impulsor de una de las primeras denuncias que derivaron en el proceso, mostró su indignación por la decisión, tachando la salida a bolsa de Bankia de «estafa».
Las partes tienen cinco días para recurrir, indicó el tribunal.
Rato, director del Fondo Monetario Internacional entre 2004 y 2007, exministro de Economía y exvicepresidente en el gobierno español, cumple ya una pena de cuatro años y medio por apropiación indebida durante su época en Bankia.
Durante el proceso por la salida a bolsa, Rato se defendió alegando que el Banco de España nunca advirtió a los dirigentes del banco a pesar de que conocía todas las «entrañas» de Bankia.
La “salida a bolsa” de la discordia
Bankia, presidida por Rato, nació en 2010 de la fusión de siete cajas de ahorro en dificultades, entre ellas Caja Madrid que entonces él dirigía, por su exposición al estallido de la burbuja inmobiliaria.
El 20 de julio de 2011, Bankia empezó a cotizar en la bolsa de Madrid y la imagen de Rodrigo Rato sonando la campana y brindando con champaña para marcar la ocasión se convirtió luego en emblema del desastre.
El rescate de Bankia por parte del Estado en mayo de 2012 precipitó la solicitud de España de fondos europeos para el conjunto de su sector bancario, devastado por la crisis mundial y el estallido de la burbuja inmobiliaria.
En total, España recibió 41 mil 300 millones de euros en préstamos europeos, y la mitad fueron para Bankia.
Desde el escándalo, el Estado español solo recuperó 3 mil millones de euros de esas ayudas a Bankia.
Esta entidad, con sus cuentas saneadas, está en proceso de adquisición por CaixaBank, en una operación que resultará en el mayor banco en volumen de activos en España, del que el Estado poseerá 16%.
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