Las renuncias de Francisco Cox y Patricia Tappatá exhibieron que los problemas que enfrenta la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) de la ONU no se reducen al nulo acceso a data oficial o la imposibilidad de visitar el país.
La crisis de financiamiento que enfrenta Naciones Unidas impacta todas sus áreas de trabajo y, por consiguiente, a las personas y víctimas que dependen de ellas.
Venezuela no es la excepción. En agosto, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) informó la reducción en 50% del alcance de su acción en el país. ¿La razón? el «financiamiento no es suficiente», reconoció Lucía Ruz, asociada del programa. El impacto principal se lo llevó el proyecto de comidas escolares, que dejarán de entregarse en los estados Trujillo, Yaracuy, Barinas, Anzoátegui y Monagas.
La propia ONU informó el 9 de octubre la reducción de sus misiones de paz y la reestructuración de sus objetivos humanitarios, debido al impago o mora de sus países miembros, principalmente Estados Unidos y China, que concentran una gran parte del presupuesto.
Investigaciones de la ONU en pausa
Ahora las víctimas de derechos humanos en Venezuela, señaló la socióloga Lexys Rendón, directora del Laboratorio de Paz, se verán impactadas por estas renuncias y la reducción del personal de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, un mandato del Consejo de DDHH de Naciones Unidas desde 2019.
“La FFM tiene la misión de investigar las violaciones más graves hacia las personas y el sufrimiento, opresión y represión de un país, es la dignidad de las personas y eso se delega en personas de altísimo nivel para que pueda decirle al mundo qué ha pasado, qué está pasando, qué se debe hacer. Es por eso la gravedad de la renuncia de estos expertos”, destacó Rendón.
El chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá de la ONU, señaló la directora de Laboratorio de Paz, son “expertos que dan un respaldo, solidez y legitimidad a las investigaciones. Que dan confianza a las víctimas, a las organizaciones y al propio Sistema de Naciones Unidas”.
Misión de Determinación de hechos Venezuela
Cox, en la Misión de Determinación desde su creación, ha litigado ante la Corte Penal Internacional y perteneció al Grupo Independiente de Expertos designado para investigar la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (México). Por su parte, Patricia Tappatá –quien reemplazó al británico Paul Seils en 2021– dirigió la Comisión de la Verdad de la ONU para El Salvador. También formó parte de un grupo de expertos para investigar hechos en Bolivia entre 2019 y 2021, entre otras tareas.
“La misión tiene una metodología y unos estándares muy claros, pero contar con la mirada y la aproximación de estos expertos es un plus para la garantía de robustez del informe. Es que la investigación tenga la revisión, mirada, escrutinio de estos expertos que garantizan no solo el cumplimiento metodológico sino la aproximación experta para el análisis, los estándares y las recomendaciones. Si bien queda a cargo Martha Valiñas que tiene ese mismo altísimo nivel de profesionalismo y conocimiento, se recarga en una sola persona una labor que requiere varias miradas acuciosas y expertas”, argumentó Rendón.
Personal reducido
Calixto Ávila, abogado experto en derechos humanos y representante de Provea en Europa, explicó que en octubre de 2024 –cuando se renovó la Misión de la ONU por dos años– se previó un total de siete investigadores «encargados de la construcción de los informes: investigación, contacto con víctimas, desplazamiento para poderse contactar con las personas» afectadas por una crisis de derechos humanos que pasó a ser una investigación por crímenes de lesa humanidad dentro de la CPI.
«Tenemos entendido que ese número se ha reducido a dos o tres personas por falta de financiamiento. Por supuesto, ese financiamiento también está destinado al trabajo operativo y a que los comisionados puedan desplazarse, verificar el trabajo y hacer las presentaciones de los informes en Ginebra».
La socióloga también mencionó que, de mantenerse la crisis de financiamiento dentro de la ONU, existe una “alta probabilidad” que la misión no sea renovada antes de octubre de 2026, cuando finaliza su mandato, “en un país bajo un autoritarismo que comete crímenes de lesa humanidad”.
Reemplazar a los expertos
Esta no es la primera renuncia de expertos que enfrenta la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela. El 11 de marzo de 2021, el abogado británico Paul Seils renunció a su puesto y seis meses después el Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombró a Tapattá como su reemplazo.
En este momento, opina Lexys Rendón, el reemplazar a los expertos Francisco Cox y Patricia Tapattá, cuya renuncia se hará efectiva a partir del 31 de octubre, “va a depender de las priorizaciones y de la posibilidad de zanjar la brecha de recursos que no permiten sostener un personal cualificado y costear en términos financieros su funcionamiento. Por lo que es incierto. Es un tema de recursos, pero también de voluntad política de quienes tienen el poder de solventar esa situación dentro de ONU”.
A juicio de Calixto Ávila, estas designaciones «deberían hacerse en las próximas semanas». Precisa que dichos nombramientos corresponden a la Presidencia de Consejo de Derechos Humanos, que mantiene el representante suizo Jürg Lauber durante este año.
«Existen mecanismos para que la presidencia pueda designar el reemplazo de estos expertos. De otra forma, significaría que esos mecanismos, ante la renuncia de un experto, no podría sesionar. En concreto, la Misión cuenta con tres expertos (…) Con la sola presencia de la presidenta (Marta Valiñas), significaría que la comisión no podría operar. Se espera que esa designación sea antes de final de año y seguro tendremos noticias en las próximas semanas».
Lee la información completa en Tal Cual
