(Foto AFP)
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La expresidenta de Argentina Cristina Fernández denunció este jueves ante la Justicia un plan de “espionaje político y persecución” contra ella después de que esta semana se filtrara en los medios un audio con una conversación telefónica entre ella y su exjefe de Inteligencia, Óscar Parrilli.

En una larga carta publicada en sus redes sociales, la anterior jefa de Estado, se dirige a la Justicia remarcando que “resulta más que evidente” que existe “una maniobra de claro carácter criminal” que pone al descubierto el “componente mafioso” que vincula a sectores del poder político con estamentos judiciales.

“Todo ello con la participación, articulación y protección de los medios hegemónicos de comunicación”, expresa la viuda del también expresidente Néstor Kirchner en un texto titulado “Soy yo, Cristina, y los denuncio por espionaje político y persecución”, en el que tildo el caso de “un verdadero escándalo institucional”.

Divulgada el pasado lunes por radio La Red, la charla entre Fernández y Parrilli versa sobre las causas abiertas contra el polémico exespía Jaime Stiuso, algo que desembocó en que el fiscal Guillermo Marijuán pidiera investigar si la expresidenta incurrió en un “abuso de autoridad”.

“Empezá a buscar todas las causas que le armamos, no que le armamos, que le denunciamos”, le pide Fernández, retractándose en su primera expresión, a Parrilli, según el audio, registrado el 11 de julio de 2016, cuando el diario La Nación publicó una entrevista con Stiuso, exjefe de Operaciones de Inteligencia.

El exespía, apartado de su cargo en 2014, había declarado que Fernández y Kirchner no utilizaban la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) porque tenían sus servicios paralelos, con gente que investigaba para ellos y les armaba sus propios carpetazos (judiciales).

“Por eso te estoy llamando, porque a ese chico hay que matarlo. Es un caradura; ¿Cómo que los Kirchner tenían servicios paralelos? ¿Y él nunca lo denunció eso?; ¿A quién le armamos carpetazo nosotros?”, criticaba la exmandataria en la conversación.

El hallazgo de esta charla surgió de una causa a cargo de Marijuan y el juez Ariel Lijo en la que Parrilli es investigado por el supuesto encubrimiento del empresario Ibar Pérez Corradi, acusado de ser autor intelectual de un triple crimen e investigado por tráfico de efedrina.

En su carta, Fernández recordó que en 2008 se aprobó una ley que establece penas para quien intercepte o capte comunicaciones telefónicas, siempre y cuando sean “indebidas”.

“Esta claro aquí que las intervenciones telefónicas supuestamente ordenadas en el marco de la causa en la que se investiga a Pérez Corradi nada tienen que ver con la conversación divulgada y, por ende, pone en evidencia el grado de ilegitimidad tanto en el registro de la misma como en su divulgación”, subraya.

“A esta altura de los acontecimientos nadie se hace cargo de la escandalosa e ilegal divulgación. Ni la Corte Suprema de Justicia de La Nación; ni tampoco el juez interviniente de la causa que organizó las escuchas, ni el fiscal interviniente en la misma y posterior denunciante sobre el contenido”, agregó.

Para ella, es peor aún que la actual Agencia Federal de Inteligencia, a la que según el juez se le remitieron las escuchas, también dice que no tuvo nada que ver.

La expresidenta pide que se practiquen las diligencias que conduzcan al más rápido esclarecimiento del hecho y la sanción de sus autores, cómplices y encubridores, así como que sea aceptada como querellante y se cite a prestar declaración como investigadas a las personas que resultan responsables.

Como contexto, Fernández, afectada por varias causas, entre ellas por presunta corrupción, reitera que desde diciembre de 2015, cuando finalizó su mandato, es objeto de una “feroz campaña de persecución política, mediática y judicial que no registra antecedentes en la historia democrática” del país.

“Se me han formulado una serie de falsas denuncias por supuestos graves delitos que los medios de comunicación hegemónicos reproducen y amplifican en forma diaria”, reprocha.

Además, critica que desde el Gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, “se llevan a cabo maniobras coordinadas y convergentes con tal estrategia, filtrando, a través de las fuerzas de seguridad y el ministerio que las conduce, información reservada de tales actuaciones judiciales”.

“No es ningún secreto que ciertos sectores de los servicios de inteligencia que desplacé de la entonces SIDE se mantienen activos y no puedo descartar su vinculación con las actuales autoridades de la AFI, todo ello bajo el amparo de la Presidencia”, añade.

Asimismo, del actual presidente critica que estuvo procesado por “asociación ilícita” cuando era alcalde de Buenos Aires y que tras el cambio de Gobierno “terminó siendo sobreseído”.




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