El presupuesto del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para el periodo fiscal 2023 se aparta de la política de su predecesor Donald Trump (2017-2021) en materia de inmigración, pero aumenta recursos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), criticaron este martes grupos que abogan por los inmigrantes.
La propuesta fiscal divulgada este lunes incrementa los fondos para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y añade 300 agentes a la Patrulla Fronteriza, se quejó este martes en teleconferencia Cynthia García, de United We Dream.
Lo que necesitamos es acceso al cuidado de la salud, igualdad en la vivienda, no más acción policial, agregó. «Vemos presupuestos que expanden agencias fundamentalmente fallidas».
En su solicitud de fondos al Congreso, Biden pidió 56 mil 700 millones de dólares para el DHS, lo cual representa un aumento del 5,4% sobre lo que esa agencia gastó en el periodo fiscal 2021.
Critican el alza de presupuesto de Biden
Jorge Loweree, del American Immigration Council, indicó que en términos de financiación la propuesta de Biden «mantiene la tendencia histórica de asignaciones récord, año tras año, para la gestión policial de la inmigración».
Seguiremos gastando más en este enfoque policial de la inmigración que en todas las otras agencias policiales federales juntas, añadió Loweree en declaraciones al diario The Hill.
La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés), en la cual opera la Patrulla Fronteriza, tiene en el presupuesto una asignación de 15 mil 300 millones de dólares comparado con 14 mil 700 millones en el período fiscal 2022, y 15 mil millones en 2021.
Por su parte, a ICE el presupuesto le asigna 8 mil 100 millones de dólares, comparado con 8 mil millones en 2022 y un monto similar en el año fiscal 2021. Al mismo tiempo reduce en un 25% el permiso de hasta 34.000 camas en el sistema de detención de ICE.
Biden aumenta los recursos
La administración del ex presidente Trump aplicó, principalmente, un enfoque policial a la inmigración con la detención, deportación y expulsión expedita de millones de inmigrantes, en su gran mayoría en la frontera sur.
El Gobierno de Biden, si bien aumenta los recursos de las agencias más criticadas por los activistas de inmigración, cambia el enfoque al manejo de la migración en la frontera sur, con más recursos para la adjudicación de los pedidos de asilo y para el uso de tecnología en la vigilancia de los indocumentados mientras aguardan la resolución de sus casos.
Nicole Melaku, de la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses, consideró como «alentadoras» las propuestas que incluyen la reducción en la detención de inmigrantes y los fondos para brindarles el debido proceso bajo la ley.
El dinero para la representación legal es una inversión en nuestros ideales de justicia y derechos humanos, y la oportunidad de buscar asilo, añadió. «Pero, desafortunadamente, hay propuestas, incluido el aumento de las alternativas a la detención, que incrementarían la vigilancia de los migrantes».
Casi el doble de asignación
La presidencia propuso una asignación de 765 millones de dólares para el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés) casi el doble de lo que esa agencia recibió en el periodo fiscal 2022.
USCIS no recibe normalmente fondos del Congreso sino que se financia con las tarifas que cobra por sus servicios. La pandemia de la COVID-19 y las políticas antiinmigrantes de Trump mermaron las recaudaciones de USCIS que ahora tiene unos 9,5 millones de casos pendientes, un incremento del 66% en relación con el año fiscal 2019.
Los activistas encomiaron la decisión de añadir mil 500 empleados a USCIS de forma que la agencia pueda resolver los pedidos de asilo, las solicitudes de permisos de trabajo y de ciudadanía y varios tipos de visas.
La propuesta fiscal de Biden duplica a mil 400 millones de dólares los fondos para la contratación de 100 nuevos jueces de inmigración en los tribunales de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración.
Esta agencia, que depende del Departamento de Justicia, tiene actualmente más de 1,4 millones de casos pendientes.
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