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El elemento esencial que comparten las dictaduras totalitarias es la voluntad de convertir la política estatal en un mecanismo para controlar todas las esferas de la actividad humana y ocupar todo el espacio social. La dictadura constitucional es la forma de gobierno en la que, aunque aparentemente se respeta la Constitución, en realidad el poder se concentra de manera absoluta en las manos de un dictador (y en ocasiones, en las manos de sus cómplices), controlando éste, directa o indirectamente, todos los poderes.

He acá que el Tribunal Supremo de Justicia ordena acabar con la  inmunidad de los diputados por estar incursos en “desacato”, y ordena al Presidente Maduro aplicar, sin contemplación alguna, el Estado de Excepción.

Esa es la altanera, pendenciera y totalitaria respuesta que le dan al Secretario General de la OEA, quien viene siendo el portaestandarte de la agobiada y desesperanzada nación venezolana.

Y el colmo de la ironía, esa copia burda de aquellos tribunales conformados por los conocidos en la historia como los “Juristas del Horror” “ordena” al presidente Nicolás Maduro que, con la finalidad de  “garantizar la gobernabilidad del país, tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales” para evitar un “estado de conmoción”.

A partir de este momento, aquella idea matriz de que “el poder controla al poder”, quedó totalmente desdibujada como referencia democrática en nuestro país, ahora empezamos el cruento recorrido del sendero totalitario.

El manual totalitario tropicalizado del gobierno señala que ahora se pasa a la etapa de la coacción psicológica, siendo el entramado legal parte relevante de esa coacción, dado que estos regímenes no pueden resolver nunca los problemas de las sociedades que asfixian, porque esa no es su prioridad, su objetivo principal es conservar el poder, ampliarlo y robustecerlo hasta que llegue a ser absoluto.

No hay que ser experto en política ni tampoco un jurisconsulto para llegar a una conclusión de simple sentido común: el instrumento legal de la tiranía totalitaria lo que pretende es la perpetuación en el poder un régimen inepto.

En su obra Orígenes del totalitarismo, Hannah Arendt sostiene que, en su pretensión de subordinar la libertad pública y la totalidad de la vida privada y social a sus imperativos ideológicos, el régimen totalitario no actúa sin respaldarse en las leyes que promulga.

Es decir, los gobernantes totalitarios no gobiernan sin el recurso a las leyes, como déspotas o tiranos que simplemente desobedecen a las leyes o abren excepciones legales para cometer sus actos brutales. Más importante que la maleabilidad de las leyes totalitarias es el hecho de que el totalitarismo transforma radicalmente el sentido mismo de lo que sean las leyes al comprenderlas como Leyes del desarrollo de la Historia. Así, los totalitarismos fundan sus leyes en supuestas leyes necesarias y absolutas, relativas sea al desarrollo progresivo de la especie humana, en el caso del nazismo, sea relativas al desarrollo de la historia, en el caso del estalinismo. Si bien ha quedado muy claro el espíritu y proceder totalitario del régimen -dado que hasta hace muy poco tiempo encontramos pensadores de izquierda que rechazan el propio término de totalitarismo, considerándolo como un viejo cliché político de los tiempos de la guerra fría- se hace necesario mencionar que el hecho que contemos con una Constitución no quiere decir que tengamos Estado de derecho, porque éste implica independencia de los jueces, derechos fundamentales de los ciudadanos, control de los gobernantes. Recordemos que ningún régimen totalitario renunció a sus constituciones, muy al contrario, también las adecuaron a sus planes.

 

 

 

 




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