Las cárceles en Latinoamérica deben ser administradas como un servicio público que contribuya a la sociedad, tal como la salud y la educación, «no como un vertedero de personas», dijo hoy en entrevista con Efe el director de operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Martin de Boer.
«Las cárceles no se deberían concebir como un lugar al que las personas llegan porque no son bienvenidas ni son parte de la sociedad durante su reclusión», sino como «un servicio público, con profesionales y personal capacitado», enfatizó.
El representante de Cruz Roja participó esta semana en Santiago en un taller impartido por la organización humanitaria con el apoyo de Gendarmería de Chile.
La actividad contó con la participación de responsables de prisiones de 14 países de la región, entre ellos algunos que presentan un alto grado de conflictividad, como Brasil, Honduras, Colombia y México, país este último donde se produjo una riña, ayer, en la cárcel de máxima seguridad de Acapulco con un balance de 28 muertos.
De Boer aseguró que la reinserción es clave en la cruzada por mejorar las condiciones de los reos y las penitenciarías a nivel regional, ya que estos establecimientos tienen la misión de «crear una sociedad más segura».
Según datos del Institute for Criminal Policy Research (ICPR), de Londres, la población carcelaria en los países de América (excluyendo a Estados Unidos) aumentó en un 108 % entre 2000 y 2016, con un crecimiento superior al 80 % en Centroamérica y más del 145 % en el Cono Sur.
De acuerdo con ese estudio, la cifra de reos en América (sin EE.UU.) ascendía a 1.563.528 personas en 2015. Solo en Brasil y México, el número de reclusos alcanza los 418.000 y 255.000, respectivamente.
Actualmente, el hacinamiento es un problema que afecta a gran parte de las cárceles de Latinoamérica, que «tienen dificultad» para garantizar los derechos de los presos, a la vez que «preocupa el rápido crecimiento de las tasas de encarcelamiento», dijo a Efe el representante del CICR.
Cada vez «más gente está entrando a las cárceles, lo que vuelve muy complejo asegurar condiciones dignas para los servicios», afirmó.
Respecto de los índices de violencia dentro de los penales, reflejados en motines y riñas como la ocurrida en Acapulco, De Boer consideró que se trata de «un problema que parte del mismo hacinamiento y que tiene que ver con el personal que esté disponible para contener esas situaciones».
Mientras que en Europa las cifras de encarcelados bajan, en algunos países de América Latina han subido «al doble o al triple entre 2002 y 2015», particularmente en Centroamérica.
En opinión del director de operaciones del CICR, la discusión por la mejora de la situación carcelaria debe darse a nivel gubernamental y judicial e incluir también a la propia sociedad.
«Hablamos de infraestructura, tratamiento de personas y formación de oficiales, pero necesitamos discutir el tema de la justicia», enfatizó.
En esta línea, Martin de Boer recalcó la importancia de promover un cambio cultural y «de mentalidad», para que la gente entienda cómo y cuándo debe ponerse en práctica la privación de libertad, porque en la región aún se abusa de la «detención preventiva», reconoció.
En el taller impartido por la Cruz Roja esta semana en Santiago se abordó la creación de un espacio para compartir buenas prácticas de dirección carcelaria, así como medidas para erradicar la sobrepoblación y promover el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
También se analizó el trato que se da a niños, jóvenes, mujeres y miembros de comunidades indígenas dentro de los centros penitenciarios, personas todas ellas que «requieren de un enfoque particular de derechos, adaptado a su vulnerabilidad y necesidades».
De Boer señaló que en ese ámbito existen a nivel regional ejemplos de «buenas prácticas», pero es un área que necesita de muchos avances, desarrollo y capacitación.
La cifra mundial de población penal, según las Naciones Unidas, es de 144 reos por cada 100.000 habitantes. En Suramérica en tanto, el promedio alcanza los 242 presos por cada 100.000 habitantes, y en los países del Caribe, el porcentaje sube a los 347.
