Rafael Narváez
Foto: (Archivo)
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El deplorable estado en que se encuentran los estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador (UPEL) recluidos en la cárcel de El Dorado, en el estado Bolívar, debe ser constatado por la Cruz Roja internacional, pues uno de los jóvenes sufre de paludismo

Rafael Narváez, coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, ha conversado con la mayoría de los familiares y su testimonio es de dolor e impotencia ante la indiferencia del Gobierno nacional.

En su opinión, la Cruz Roja venezolana también debe hacerse presente y cumplir con el decálogo sobre los derechos en el sentido humanitario. “El Estado debe abrirle las puertas a la Cruz Roja para que puedan constatar el estado de salud de los estudiantes de la UPEL”.

Narváez aseguró que los jóvenes detenidos en esta cárcel son vejados de forma constante por los custodios y sometidos a condiciones infrahumanas y falta de atención médica. “Los familiares tienen que hacer una cruzada para llegarse hasta El Dorado y luego esperar por más de tres horas para ser atendidos y para colmo, deben pagar para entrar a una cárcel obsoleta, que no cumple los requisitos y estándares internacionales en materia de Derechos Humanos en relación al cuidado de los detenidos.

Para el jurista, la situación de los detenidos en Venezuela a consecuencia de las protestas que durante 4 meses se mantuvieron en diversas regiones del país, sigue siendo precaria, al no haber atención oportuna del Estado, que tiene la obligación de preservar la vida de los recluidos en cualquier centro penitenciario.

Narváez le recordó al Estado que la salud es un Derecho Humano fundamental. “Ni el Ministerio Público, ni el fiscal provisorio y mucho menos el Defensor del pueblo han tenido la voluntad o el corazón de visitar cárceles como la de Uribana, donde hay detenidos que corren el riesgo de contraer tuberculosis o como en los casos de la PGV 26 de Julio, donde no hay atención médica, y el Sebin en Caracas, donde tienen detenido al alcalde Alfredo Ramos, quien sufre de hipertensión y no le permiten atención médica”.

Rafael Narváez denunció que solo resultó ser una vulgar mentira por parte del Ministerio Público y el Defensor del pueblo los expedientes de más de 450 personas que serían devueltos a la justicia civil y que aun se encuentran en manos de la justicia militar con motivo de las protestas. “Los militares no tienen competencia para juzgar a civiles, solo a militares activos que comentan delitos militares”.




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