La minera canadiense Crystallex no ha logrado confiscar los fondos venezolanos que se encuentran en una cuenta en el banco de Nueva York, Mellon Corp, acción que un juez estadounidense autorizó en agosto 25, como parte de una larga disputa surgida a raíz de la nacionalización de las operaciones de oro decretadas por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en 2008.
La transnacional canadiense Crystallex está tratando de recaudar $1.2 mil millones más 200 millones de dólares en intereses otorgados por un fallo a su favor de un tribunal del Banco Mundial en 2016, pero hasta ahora no ha logrado conseguir ese objetivo a pesar que la Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió un auto de ejecución el 26 de julio a favor de la empresa y contra Venezuela.
La recaudación de los fondos ha sido difícil, porque requiere litigios extensos para obtener órdenes judiciales que permitan la captura de activos fuera de Venezuela, publicó la periodista Maibort Petit en su blog.
La minera logró la orden del juez para confiscar los fondos de la cuenta que alcanzaba una parte del monto adeudado, pero aún no ha logrado obtenerlos en razón al entramado administrativo que supone este tipo de trámites en los EE. UU.
Originalmente el Estado venezolano había colocado los fondos en la cuenta del banco Nueva York Mellon en 1992 como parte de un contrato de 315 millones de dólares con la empresa Ingalls Shipbuilding, actualmente es parte del consorcio Ingalls Industries Inc, los cuales estaban destinados al mantenimiento y reparación de fragatas navales, según informaron los abogados de Crystallex en documentos judiciales.
Una disputa sobre la naturaleza de la obra más tarde llevó a Ingalls a demandar a Venezuela en un tribunal en Mississippi, donde las reparaciones debieron haber tenido lugar, según documentos judiciales.
Ingalls, en 2002, ganó una orden judicial bloqueando al Banco de Nueva York de transferir los fondos de vuelta a Venezuela, según una copia de la orden judicial incluida en la solicitud Crystallex.
La capacidad de Venezuela para transferir dinero a través del sistema financiero internacional se ha reducido debido a las sanciones que impuso la administración de Donald Trump contra el presidente Nicolás Maduro y a altos funcionarios del régimen, lo cual impide que ciudadanos y empresas norteamericanas hagan negocios con los sancionados.
Las medidas tomadas por la Casa Blanca prohíben el trato en ciertas deudas del sector público venezolano en el sistema financiero norteamericano. Las sanciones buscan presionar al régimen de Maduro para que detenga sus políticas dictatoriales.
Además de la canadiense Crystallex, existen unas 19 corporaciones que buscan cobrar compensaciones del Estado venezolano derivadas de las nacionalizaciones que ejecutó el fallecido presidente, Hugo Chávez, entre las cuales se encuentra Gold Reserve, Exxon Mobil Corp, entre otras.
La agresiva defensa de Crystallex ha logrado obtener órdenes judiciales para cobrar activos, entre ellos unos mantenidos por Venezuela en el banco japonés Nomura y en la transnacional china Haitong International Securities Group Ltd.
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