El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y la primera dama, Rosario Murillo, buscan que las organizaciones y personas que reciben fondos del extranjero, bien como donación o pago de servicios, reporten y demuestren cada mes en qué se usará ese dinero, toda vez que prevén enjuiciar a quienes atenten “contra la seguridad soberana” del Estado en redes sociales y, si el delito tipifica como “crimen de odio”, se le condene a cadena perpetua.
Resalta el portal web argentino Infobae que, legalmente, nada de ello se puede aplicar en Nicaragua, pero podría convertirse en ley en los próximos días, si en el parlamento del país centroamericano prospera un paquete de normas enviadas por Daniel Ortega.
Una de las leyes es la de “Regulación de Agentes Extranjeros”, otra la “Especial de Ciberdelitos” y la tercera una reforma constitucional que busca ampliar la pena máxima de 30 años vigente a “cadena perpetua”.
Daniel Ortega tiene mayoría parlamentaria
Con 71 de los 92 diputados, el Frente Sandinista, el partido de Ortega, controla totalmente la Asamblea Nacional y hasta ahora, en más de 13 años, nunca ha rechazado una iniciativa propuesta por el mandatario.
Estas leyes se inscriben en una ofensiva mucho más amplia que incluye acoso fiscal a medios de comunicación y empresarios opositores y el incremento al asedio policial a ex reos políticos y líderes opositores, quienes son cercados en sus viviendas y lugares de reunión, o son perseguidos de forma ostensible por patrullas y paramilitares por donde se movilizan.
Generarían sanciones
Lo cierto es que la ofensiva autoritaria de Ortega ha despertado las alarmas del gobierno de Estados unidos y de la Unión Europea, cuyas autoridades han advertido de las consecuencias que tendría para Nicaragua la aprobación de esas leyes.
“Otra semana, otra ley de Ortega que atropella la libertad de expresión y prensa. La propuesta ley de ciberdelitos es una amenaza a los nicaragüenses con criterio propio que criminaliza las expresiones que disgustan al régimen de Ortega. Así no actúan los gobiernos democráticos”, reclama en su cuenta de Twitter Michael G. Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos.
Este jueves el Parlamento Europeo aprobó con 609 votos a favor y solo 21 en contra, una resolución que en términos muy duros rechaza la aprobación de estas leyes que buscan “silenciar a los críticos, lo que agravará aún más la ya insostenible situación de derechos humanos en Nicaragua” y advierte de posibles sanciones comerciales y a funcionarios, incluyendo los gobernantes Ortega y Murillo, si llegaran a aprobarse.
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