(EFE)

La Justicia de Nicaragua declaró culpables a 9 estudiantes acusados de “terrorismo” y otros delitos tras participar en una protesta contra el presidente Daniel Ortega, informó hoy el Gobierno.

El juez suplente del Juzgado Tercero de Juicio de Managua, Álvaro Martínez, dicto su fallo anoche en contra de los estudiantes universitarios Jorge Zapata Guillén, Fredrych Castillo Huete, Pedro Aguilar Sánchez, Justino Antonio Jarquín, Alexander Sobalvarro, Martín Jarquín Paz, Jeffrey Isaac Jarquín, Bryan Palma Aráuz y Carlos Varela Pavón.

Los jóvenes sobrevivieron el 13 de julio pasado a un ataque armado de policías y paramilitares en la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), donde estaban atrincherados en protesta, y al templo católico Divina Misericordia, al sur de la capital nicaragüense, que dejó como saldo dos estudiantes muertos.

Los universitarios, que fueron capturados el 20 de julio en Managua, conocerán su condena en las próximas dos semanas, conforme lo establece la legislación de Nicaragua.

El proceso contra los estudiantes se da en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado entre 552 y 558 “presos políticos” tras manifestaciones contra Ortega, entre los que se incluyen los 9 universitarios, además de 325 a 528 muertos, según organismos humanitarios.

El Gobierno reconoce 273 reos, que considera “terroristas” y “golpistas”, así como 199 fallecidos.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.

Ortega no acepta responsabilidad y se ha declarado “victorioso” de un intento de “golpe de Estado”.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia. EFE




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