La defensa del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli insistió hoy en la nulidad de la orden de arresto presentada por el Gobierno de Panamá en su pedido de extradición a Estados Unidos por los delitos de enriquecimiento ilícito y espionaje.
Los abogados de Martinelli, quien hoy completa nueve días detenido en Miami, reiteraron que no hay una «orden válida de arresto», por tanto, la corte debería desestimar el caso, según un documento al que tuvo acceso Efe.
John Richard Byrne y Marcos Daniel Jiménez, representantes del detenido, señalaron que esa situación, además, es una de las numerosas circunstancias especiales necesarias para que el juez Edwin Torres conceda la libertad bajo fianza a Martinelli (2009-2014).
Los abogados presentaron hoy el documento en apoyo a una moción previa, en la que argumentan que el Gobierno de Panamá alude en la orden de arresto a la «rebeldía», la cual «no hace parte de los trece delitos válidos» consignados en el tratado de extradición suscrito por EE.UU. y Panamá en 1904.
En el folio de hoy agregan que hay inconsistencias del magistrado de la Corte Suprema Harry Díaz, quien actúa como fiscal del caso por las supuestas intervenciones telefónicas.
Por un lado, el juez de instrucción Díaz afirma que la orden es «la base para detener a Martinelli por cargos de malversación de fondos y escuchas telefónicas ilegales». Pero en el párrafo siguiente dice que la orden se basa en «su detención por desacato (rebeldía), y no los cargos criminales subyacentes», aseguran los abogados.
La defensa, quien cita a expertos panameños consultados, entre ellos Roberto J. Moreno, señala que «la orden de arresto emitida para el presidente Martinelli es sin precedentes en Panamá y nula, y sin efecto porque el tribunal emisor no tenía jurisdicción sobre él».
Los abogados precisan que los tribunales panameños adquieren jurisdicción sobre un individuo «cuando se presenta ante ellos, y es acusado personalmente».
«Este es un obstáculo insalvable para la extradición» de Martinelli, a quien no le han presentado formalmente cargos, dicen Byrne y Jiménez, que también aludieron a las motivaciones políticas del arresto.
Ambos enfatizan que la orden de detención es «un instrumento jurídico oficial que exige el Tratado para demostrar que una persona ha sido acusada de un delito extraditable».
Díaz, según la defensa, reconoció «que se requería la presencia del presidente Martinelli en Panamá» para presentarle los cargos.
La Fiscalía, que representa al Estado panameño en este proceso, ha señalado que su papel en este juicio no tiene nada que ver con la política y que su papel es hacer valer el tratado de extradición.
El juicio de Martinelli está pendiente de una decisión del magistrado Torres sobre la fianza, que se dará a conocer en un plazo de una semana, según dijo este martes en la segunda audiencia del expresidente.
