El defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó hoy al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aclarar las competencias del organismo que él dirige para participar en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía por casos de supuestas violaciones de derechos humanos.
El defensor consideró que es una «cualidad inherente» de la Defensoría del Pueblo «investigar las violaciones de derechos humanos» y aseguró que ha habido «una interpretación libre» de la Constitución por parte del Ministerio Público que, en ocasiones, ha impedido la participación de la institución en algunos casos.
«Se ha presentado una controversia en el sistema de justicia con relación a esta competencia», dijo Saab a las afueras del Supremo, antes de introducir ante la Sala Constitucional un recurso de interpretación del artículo 285 de la Carta Magna.
En este apartado se establece, entre otros aspectos, que es una atribución de la Fiscalía «ordenar y dirigir la investigación penal», «garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia» y «ejercer en nombre del Estado la acción penal».
Saab dijo no tener duda respecto a las facultades de la Defensoría del Pueblo, sin embargo, consideró que es «sano para la democracia» que el Supremo aclare si en efecto esta institución puede «abrir investigación y tener acceso a las actuaciones que conforman la misma cuando exista la violación de un derecho humano».
«Eso implica acceso a actas, estar presente en medicaturas forenses, asistir y estar presente en lugares de reclusión, entrevistar testigos», explicó.
El ombudsman venezolano citó artículos del Código Orgánico Procesal Penal y pidió al Supremo aclarar también si estos constituyen un impedimento para que la Fiscalía, los tribunales, órganos auxiliares de justicia y centros penitenciarios «permitan el acceso a la Defensoría a revisar las actuaciones procesales».
Además, preguntó a la alta corte si desde dicha institución se pueden «promover pruebas y ordenar a los órganos auxiliares de justicia que se realicen determinadas experticias» en los casos señalados.
Y, en este sentido, definir si puede «presenciar la realización de experticias tales como levantamientos planimétricos (evaluación de escenas de crimen), reconstrucción de hechos, autopsias, así como estar presente y participar activamente en todas las audiencias, preliminares y de juicio».
Este recurso de Saab surge en medio de cuestionamientos desde el Gobierno contra la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, por su actuación frente a la actual oleada de protestas que tras 74 días ha dejado 68 muertos y más de un millar de heridos.
La fiscal ha reiterado que la acción penal es una competencia exclusiva del Ministerio Público y, con base en ello, ha desmentido versiones del Ejecutivo sobre algunos de los hechos violentos suscitados en medio de la crispación social y política.
Ortega Díaz se ha distanciado del Gobierno en los últimos meses al denunciar primero la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y luego al rechazar la intención del jefe de Estado, Nicolás Maduro, de cambiar la Constitución mediante la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
