Entre enero y julio de 2020 se han registrado en Venezuela al menos 125 agresiones en contra de los defensores y organizaciones que promueven los derechos humanos, advirtió la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ). Según su balance reciente, la mayor parte de los incidentes han ocurrido durante los meses de la cuarentena por COVID-19.
En julio el CDJ contabilizó 16 nuevos ataques, que se suman a los 109 casos que tuvieron lugar durante el primer semestre de este año. “Las personas y organizaciones que documentan denuncian y difunden las violaciones cometidas por el Estado se siguen enfrentando a obstaculizaciones e injerencias arbitrarias”, denunció la organización.
Mediante un informe detallado la ONG expuso que la política de criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos por parte del Estado venezolano, bajo la lógica del enemigo interno, persiste y se agudiza en el marco del estado de alarma vigente desde el 13 de marzo de 2020 y la Emergencia Humanitaria Compleja.
Del total de los ataques documentados el mes pasado, nueve estuvieron dirigidos hacia las organizaciones derechos humanos, destacando organizaciones como Provea, Monitor de Víctimas, entre otras. Por otra parte siete de los ataques fueron individualizados contra personas defensoras de derechos humanos. La totalidad contabilizado en este período fue contra defensores masculinos.
CDJ detalló que el sistema nacional de medios públicos o afectos al chavismo, así como también las declaraciones de funcionarios de alto nivel o representación del Estado a través de redes sociales y entrevistas a medios nacionales e internacionales continúan siendo el principal espacio para la aplicación de las campañas de estigmatización y desprestigio.
En este contexto, bajo la continuidad en la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional y la tesis del enemigo interno, el movimiento de derechos humanos en el país fue una vez más acusado de: “no ser confiable”, “reproducir informaciones falaces”, ser “operadores políticos” y “actores financiados por agencias estadounidenses”, persistiendo en la criminalización de la cooperación internacional como parte de los principales ataques y argumentos utilizados para desacreditar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, sostuvo la ONG.
Según el CDJ, del total de ataques registrados durante los primeros siete meses del año, 92 han ocurrido durante el estado de alarma y bajo el llamado a actuar a la denominada “Furia Bolivariana” del chavismo. A juicio de la organización, esto evidencia que defender derechos humanos en Venezuela se constituye como un trabajo de alto riesgo.
En su informe la organización abogó “porque se investiguen y sancionen a los responsables de cometer agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en el país y que se aplique de forma efectiva la declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”.
Acceda al informe íntegro a continuación:
