Con la ausencia marcada de varios defensores de derechos humanos de Venezuela, como consecuencia de la anulación de sus pasaportes, se desarrolló la sesión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la actualización oral de la Misión Independiente de Determinación de Hechos para el país.
Durante su intervención en el Diálogo Interactivo del Consejo de Derechos Humanos incluido en este 57 periodo de sesiones correspondiente a septiembre de 2024, representantes de Organizaciones No Gubernamentales, destacaron este hecho como una vulneración sistemática más de los derechos de los venezolanos.
Desde la Organización Mundial contra la Tortura, calificaron la revocación de pasaportes como arbitraria, selectiva y discrecional, una denuncia que apoyó el resto de los representantes de instituciones de derechos humanos que participaron en el encuentro.
Crímenes de lesa humanidad
La representación de Humanist International, unión democrática de más de cien organizaciones miembros en 40 países, enumeró una serie de situaciones desarrolladas en el contexto postelectoral en Venezuela que podría convertirse en crímenes de lesa humanidad.
Alertaron sobre la reducción espacio cívico, la detención de activistas de derechos humanos, la “Ley anti ONG”, ataques violentos contra manifestantes, violencia sexual en contra de mujeres detenidas, y los resultados electorales fraudulentos corroborados por la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Pedimos que se investigue todo eso que puede desencadenar en crímenes de lesa humanidad, que se presenten pruebas de los resultados de la elección presidencial y que se respete que la libertad de expresión debe incluir el derecho a criticar abiertamente posiciones políticas”.
Violencia pre y postelectoral
Desde Aula Abierta recordaron de cinco millones de los ocho millones de venezolanos que migraron, no pudieron registrarse para votar en el proceso del 28 de julio, dos millones 500 mil de ellos corresponden a nuevos electores.
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Repudiaron que testigos electorales sean víctimas de persecución o arrestos, así como miles de opositores, adolescentes y mujeres, que catalogaron como “prisioneros políticos”.
“Las instituciones están en manos del gobierno, no hay separación de poderes, se insulta a expertos electorales y el sistema judicial es el brazo de las violaciones de derechos humanos (DDHH)”.
Libertad para defensores de derechos humanos
Amnistía Internacional pidió la liberación de defensores de DDHH como Henry Gómez, quien fue arrestado en Amazonas cuando mediaba con las autoridades para que no detuvieran a una mujer diagnosticada con esquizofrenia que se encontraba en el lugar donde un grupo había rezado el rosario; Kennedy Tejada del equipo de Foro Penal en Carabobo, a quien detuvo la Guardia Nacional cuando estaba preguntando por la situación de manifestantes apresados en Montalbán; y de Edward Ocariz, miembro del Comité de Derechos Humanos de la parroquia Coche de Caracas.
Aseguraron que en el país se aplicó la represión para silenciar a través de violencia patrocinada por el Estado con millares de víctimas.
Desde la organización Hazte Oír manifestaron que Venezuela merece vivir en libertad y dignidad, por lo que solicitaron a la comunidad internacional tomar medidas para lograr una solución pacífica.
“Seguimos viendo a un gobierno que se mantiene en el poder mediante la aplicación del miedo. Maduro debe cesar la represión y la violencia, que se respete derecho a la protesta y que se determinen a los responsables de esos actos. La comunidad internacional debe actuar con firmeza para eso. Venezuela necesita el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo y que se dé una transición a la democracia. No es solo algo político, sino de humanidad”.
Peticiones de María Corina Machado
Durante la sesión de la ONU se difundió un video de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en el que dijo que se mantiene en resguardo obligado luego de la ola represiva de fuerzas de seguridad del estado y de grupos paramilitares.
“Aniquilaron la protesta, acusaron a niños de terrorismo, abusaron sexualmente de mujeres, muchos estamos resguardados, en la clandestinidad, y otros están exiliados, bajo asilo o presos”.
Pidió al Consejo que acompañe a los venezolanos para que se respete la verdad y la soberanía expresada el 28 de julio, que se le de atención y apoyo a quienes requieren asilo o salvoconducto, y que se renueve el mandato de la Misión Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela. Necesitamos su apoyo, escuchen nuestro llamado.
A esa solicitud de renovación de la Misión se unieron todas las ONG participantes en la sesión, incluyendo Human Rights Watch con el argumento de que las autoridades venezolanas han redoblado represión con, al menos, 23 manifestantes fallecidos por armas de fuego en protestas postelectorales como consecuencia de vínculos entre las fuerzas de seguridad pro Maduro y colectivos.
“Las autoridades se niegan con colaborar con la misión, pero es necesario que se renueve su mandato por dos años más”.
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Sin democracia robusta ni derechos humanos
Durante la exposición de las conclusiones de los integrantes de la Miembros de la Misión Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela, Francisco Cox definió el discurso de Venezuela como un bosque de palabras en un desierto de ideas.
También resaltó que la “Ley Anti ONG” es un mecanismo más para reprimir e impedir el trabajo de defensores de DDHH y priva de información vital al Consejo, y que el apoyo diplomático a quienes lo necesitan en Venezuela es una ilusión luego de las experiencias de Argentina y Brasil.
Patricia Tappatá Valdez, integrante de la Misión, se refirió al calificativo de democracia robusta que usó el embajador de Cuba para referirse a Venezuela. “La república bolivariana debe reorientar su política en esta dirección tal como recomendamos en nuestros informes”.
Recordó que una democracia robusta al servicio de los más débiles no encarcela a niños ni adolescentes, no los mantiene por 50 días sin asistencia legal ni presencia de familiares durante las audiencias.
Una democracia robusta no cierra emisoras de radio, no persigue periodistas, ni interviene partidos políticos inhabilitando a sus candidatos entre muchos atropellos a los derechos políticos. Una democracia robusta investiga violaciones a DDHH y sanciona a sus autores. Una democracia robusta no realiza audiencias en la noche sin anuncio previos o en lugares secretos que no pueden verificarse
Patricia Tappatá Valdez, integrante de la Misión ONU
Resaltó que una democracia robusta permite el acceso a abogados designados por las víctimas y a expedientes judiciales. Tampoco persigue a los ciudadanos a causa de su identidad política.
