Foto (Cortesía)

La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió este domingo de la presunta responsabilidad de la policía en la muerte de seis cocaleros en una zona fronteriza con Ecuador, un hecho que las autoridades adjudican a disidencias de las FARC.

“Se permitió conocer por parte de las personas afectadas que en los hechos donde murieron seis personas se presume la participación de miembros de la policía antinarcóticos”, dijo el vicedefensor, Jorge Calero, en un mensaje enviado a periodistas.

El gobierno y la fuerza pública han culpado de la violencia que el jueves causó la muerte de seis personas, entre ellos dos indígenas, y dejó heridas a otras 20 en el municipio de Tumaco a guerrilleros disidentes de las guerrillas FARC que se apartaron del acuerdo de paz.

Aunque las comunidades campesinas han denunciado que uniformados abrieron fuego contra los manifestantes que rechazaban la erradicación de cultivos ilícitos en esta zona, la de mayor sembradíos en el país de hoja de coca, base de la cocaína.

La fuerza pública asegura que detrás de las protestas está un grupo “residual” de guerrilleros que supuestamente forzó a los campesinos a protestar.

Además, el ejército y la policía responsabilizan a este grupo de haber lanzado artefactos explosivos contra los uniformados y la población en medio de la protesta, que según la Defensoría congregó a 1.500 personas.

“La comunidad ha coincidido en afirmar que en el lugar de los hechos no hubo intervención ni injerencia de grupos armados ilegales ni tampoco el lanzamiento o activación de ‘tatucos’ o cilindros bombas”, agregó Calero, quien presidió una comisión humanitaria que se desplazó hasta el lugar para verificar los hechos.

La Defensoría, que pidió a la fiscalía una investigación “eficaz”, indicó en un comunicado que durante su visita “no observó a simple vista ninguna evidencia de los efectos que genera la onda expansiva resultado de la activación de cilindros bomba”.

Además, sostuvo que las comunidades descartaron “la participación” del ejército “en los hechos violentos y exaltaron el apoyo brindado en la prestación de los primeros auxilios y en la evacuación de los heridos”.

Campesinos cocaleros en varios puntos de Colombia, principal productor y exportador de cocaína, se oponen a la eliminación de los narcocultivos por considerar insuficientes las ayudas económicas que ofrece el gobierno a cambio de que siembren productos lícitos.

En el acuerdo de paz firmado en noviembre con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora convertidas en partido político, los rebeldes se comprometen a ayudar al Estado a combatir el narcotráfico, que desde los años 80 fue utilizado como método de financiación por los distintos actores del conflicto armado colombiano.

El presidente Juan Manuel Santos dijo el viernes que su gobierno seguirá con el plan antidrogas pese a la muerte de los cocaleros.




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