Multas a migrantes carecen de racionalidad
Además, señalan que existe una "falta de proporcionalidad" en las sanciones. Foto archivo: Cortesía Tal Cual

La Defensoría del Pueblo de Perú solicitó este viernes al Poder Judicial declarar fundado el recurso de amparo contra las multas impuestas a migrantes y refugiados por “su falta de proporcionalidad” y denunció que “carecen de racionalidad”.

La entidad señaló en un comunicado que considera que estas multas a los extranjeros residentes en Perú “se convierten en impagables”, tal y como han denunciado diversas asociaciones de migrantes venezolanos.

Además, señalan que existe una “falta de proporcionalidad” en las sanciones, algo que afecta al ejercicio de derechos fundamentales de estas personas, como el derecho al trabajo y a tener una vida digna.

Este pedido de la Defensoría se realizó en el “amicus curiae” presentado ante el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, donde se está tramitando la demanda de amparo interpuesta por la ciudadana venezolana Edith Zurima Arango Villamizar contra la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Multas a migrantes carecen de racionalidad

En esta demanda, se solicita la inaplicabilidad de un inciso del artículo 190 del Reglamento del Decreto Legislativo 1350, que impone la sanción de multa por falta de prórroga de residencia.

También ordena al Ministerio del Interior la realización de un estudio técnico sobre la tasa de las multas para personas extranjeras.

“Si bien la Defensoría del Pueblo reconoce la potestad sancionadora de Migraciones, señaló que la imposición de multas debe encontrarse comprendida dentro de un margen de proporcionalidad y razonabilidad”, indicó la institución en un comunicado.

En este sentido, alegó que la imposición de una tasa del 1% de una UIT como sanción económica constituye una barrera económica infranqueable para las personas que desean permanecer en el país de manera regular.

En especial para aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad como los mayores de 60 años y personas con discapacidad o de quienes tienen a su cargo el cuidado de menores o personas enfermas, entre otras situaciones.

Finalmente, la Defensoría instó al Estado “a garantizar el ejercicio de derechos de las personas extranjeras en el país y establecer medidas que aseguren su regularización migratoria de manera permanente”.




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