No es un problema nuevo. En la entidad carabobeña, así como en el resto del país, el sistema sanitario se encuentra colapsado por múltiples causas: la persistente Emergencia Humanitaria Compleja, la pandemia de COVID-19 y la falta de respuestas oportunas por parte del Estado. “Todos los hospitales están en una situación precaria”, afirmó la doctora Leyla Ortiz, representante de la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV), capítulo Carabobo.
Según Ortiz, bajo el contexto de una pandemia siempre se espera un incremento de la población que acude a los hospitales en busca de asistencia médica. Esto se evidenció, sobre todo, durante las primeras semanas de la segunda ola de contagios de coronavirus. En Carabobo la mayor carga la tienen los denominados centros centinela, como la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), también conocida como Hospital Central de Valencia.
“En los hospitales centinela se ha visto un colapso permanente y un déficit de atención óptima, por muchas causas, como el déficit de camas, insumos y la salida de muchos médicos que ahora están en otros países, víctimas de la migración forzada por la realidad venezolana”, aseguró la vocera regional de MUV.
La ocupación de las llamadas “áreas COVID” de estos centros asistenciales designados como centinela varía por día, expuso la médico, ya que así como se registran ingresos, también hay egresos por mejoría, en el mejor escenario, o por decesos. Sin embargo, “la mayor parte del tiempo permanecen ocupadas, porque sabemos que hay una afluencia masiva de pacientes que en este momento están siendo víctimas de este flagelo”.
Debido a que desde el inicio de la pandemia la mayor parte de la atención y los recursos ha estado enfocada en la atención de pacientes con coronavirus, el resto de las áreas se han visto afectadas. De acuerdo a Ortiz, debido al déficit de personal a muchos de los médicos que antes estaban dedicados exclusivamente a áreas como el servicio de emergencias o cirugías les ha tocado trasladarse a la atención de casos asociados al virus.
A casi un año del primer caso en Carabobo
El próximo 10 de mayo se cumplirá un año desde que la vicepresidenta ejecutiva de la administración madurista, Delcy Rodríguez, anunciara el primer caso de COVID-19 en Carabobo: una funcionaria de la Policía Municipal de Los Guayos, que residía en Carlos Arvelo. Ya desde entonces los trabajadores del sector salud exigían a las autoridades regionales la debida dotación de equipos de protección personal (EPP) para prevenir la propagación del virus.
Hoy sus exigencias y peticiones se mantienen. “El clamor sigue siendo el mismo”, resaltó Ortiz. Todavía se reportan fallas en cuanto a la dotación de EPP y otros equipos de bioseguridad para el 100 % de los trabajadores del sector salud, que incluye no solo a médicos y enfermeras, sino también a camilleros, camareras, personal administrativo y obrero. “Tenemos que abarcar al personal sanitario completo”.
“Todos los EPP que se utilizan son descartables, por eso se tiene que hacer una petición permanente de estos equipos de bioseguridad, como mascarillas y faceshield (escudos faciales), los cuales tienen una vida útil precisada”, agregó la especialista.
Como miembro de la una ONG, a Ortiz le preocupa la implantación de la providencia administrativa N° 012021, impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro, para el registro unificado y obligatorio de las organizaciones civiles y no gubernamentales, nacionales e internacionales, con presencia en el país. A su juicio, este instrumento podría coartar las acciones humanitarias que llevan a cabo desde MUV para el beneficio de la población y gremio sanitario.
“¿Cómo van a hacer esos trabajadores a los que el sueldo no les alcanza para comprar sus equipos de protección?”, cuestionó. Una las labores humanitarias que viene desarrollando MUV es la dotación de EPP, mediante la gestión de donaciones, a fin de garantizar la protección del personal sanitario.
Trabajadores de la salud fallecidos por COVID-19
De acuerdo al balance publicado este miércoles 5 de mayo por MUV, Venezuela suma hasta la fecha un total de 537 trabajadores de la salud fallecidos con sintomatología asociada a la COVID-19. “El país se queda sin personal sanitario y esto parece no importar”, advirtió la organización a través de su cuenta en Twitter.
Del total contabilizado por MUV, 52 pertenecen a la entidad carabobeña: 39 médicos, ocho enfermeras y cinco de otras áreas asistenciales. Los casos más recientes incorporados al balance fueron los de la doctora María Auxiliadora Rangel, ex jefa de Epidemiología de Carabobo, y la doctora Rosario Blanco.
Con 52 decesos, Carabobo se mantiene como el tercer estado en la lista de mortalidad del personal sanitario, con criterios para COVID-19. Por debajo tiene a Bolívar y Anzoátegui, con 39 y 35 fallecimientos, respectivamente. Y solo es superado por Distrito Capital, con 87 muertes, y Zulia con 90.
