Cancillería culpa a las sanciones de EE.UU. de sus impagos a la ONU
Asamblea General ONU / Foto: Archivo

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la gestión del Gobierno de Nicolás Maduro, y subrayó que pese al «bloqueo criminal» de países como EEUU o el Reino Unido han tenido «éxito» en su respuesta a la pandemia de COVID-19.

«Frente a la atención sanitaria privada de los sistemas capitalistas, nuestro modelo público ha sido un éxito en el manejo de la pandemia», afirmó en su intervención por videoconferencia ante el consejo, con ocasión de la tercera revisión periódica de los derechos humanos a la que el país se somete.

Venezuela respondió a la crisis sanitaria «pese a que la asfixia económica nos privó del 99 % de nuestras divisas (…) y se bloquearon recursos para la compra de vacunas, tratamientos y equipamientos», subrayó Rodríguez, encabezando una representación que incluyó también varios ministros del Gobierno de Maduro.

La vicepresidenta no sólo señaló a Estados Unidos como principal responsable de estas dificultades económicas, sino también al Reino Unido «por privar a Venezuela del uso de su oro», después de que Londres bloqueara las reservas venezolanas del metal precioso depositadas en el Banco de Inglaterra.

Rodríguez criticó por otro lado un reciente informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre Colombia, que «se convirtió de primer país del mundo en número de desplazados internos (más de 8 millones) en segundo en recepción de inmigrantes», muchos llegados desde Venezuela.

Un «fallo aritmético», aseguró, que «tiene una agenda oculta muy peligrosa» en la que «se convierte artificialmente la guerra en esa crisis humanitaria que Estados Unidos anhela que ocurra en Venezuela».

Tras la intervención de la vicepresidenta, numerosos miembros de Naciones Unidas intervinieron para manifestar su preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Venezuela y pedir el fin de la «presión constante a la oposición», las «restricciones al espacio cívico» o la falta de independencia judicial, entre otros problemas.

Estados Unidos, que regresó al Consejo de Derechos Humanos hace un año después de que el Gobierno de Donald Trump lo abandonara, exigió al régimen de Maduro que sus principales responsables rindan cuentas por sus múltiples violaciones de derechos humanos.

La utilización del término «régimen de Maduro» causó irritación en la delegación venezolana, que llegó a interrumpir la intervención estadounidense con el argumento de que estaba utilizando un «lenguaje inapropiado» (Cuba, apoyando a Venezuela, llegó a pedir que el mensaje de EEUU no fuera emitido).

La vicepresidenta venezolana además aseguró que «países agresores como Estados Unidos, articulador del criminal bloqueo, no pueden ser jueces de nuestro país ni de nuestro sistema de derechos humanos».

Varias delegaciones, especialmente europeas y latinoamericanas, recomendaron a Venezuela que ponga fin a «asesinatos ilícitos, desapariciones forzadas y torturas» denunciadas en previos informes de las instituciones internacionales de derechos humanos.

Brasil recomendó a Venezuela que «garantice la celebración de elecciones libres, justas y pacíficas con el fin de restaurar la democracia», mientras Canadá reclamó el «fin del acoso a periodistas y activistas de derechos humanos».

La necesaria puesta en libertad de las personas detenidas por motivos políticos también fue mencionada por muchas delegaciones, y algunas pusieron el acento en las denuncias de explotación ilegal y abusos medioambientales y contra las minorías indígenas que se denuncian en el arco minero del Orinoco.

Países afines al Gobierno de Maduro, caso de Siria, China o Cuba, prefirieron enfocar sus intervenciones en la condena a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EEUU y otros países a Venezuela, pidiendo que se ponga fin a tales sanciones. EFE




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