Ante la Fiscalía General de la República fue denunciada la jueza primera en funciones de ejecución de la circunscripción judicial del estado Aragua, Ada Marina Armas, por privación ilegítima de la libertad del subcomisario Marco Hurtado, quien cumplió su condena el 15 de diciembre de 2019, pero aún sigue preso en la cárcel de Ramo Verde.
Theresly Malavé, abogada de los policías metropolitanos condenados por los sucesos del 11 de abril de 2002, acompañada de María Pascastillo, esposa del ex funcionario, denunció en rueda de prensa que la jueza Ada Marina Armas no ha emitido la boleta de excarcelación que permita al subcomisario Hurtado salir del Centro Nacional de Procesados Militares, conocido como cárcel de Ramo Verde. “Armas no ha dado ninguna explicación sobre su omisión, pese a que ha sido notificada por el equipo de la defensa del ex funcionario de la PM. No existe ninguna razón jurídica para que el subcomisario pase un día más tras las rejas”
A raíz de los sucesos del 11 de abril de 2002, nueve funcionarios de la extinta Policía Metropolitana fueron sentenciados a penas que oscilaron entre los 16 años y 8 meses y 30 años.
Pese a que no se encontraba en Puente Llaguno, donde murieron las dos personas por las cuales se les condenó, el comisario recibió una sentencia que se cumplió el 15 de diciembre de 2019. Este 16 de enero de 2020 se cumplieron 31 días de privación ilegítima de libertad. La jueza Ada Marina Armas no emite la boleta de excarcelación y él sigue preso.
La abogada Theresly Malavé argumentó que el artículo 44 de la Constitución Nacional establece que ninguna persona continuará en detención después de dictada la orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta.
Pero la conducta de Ada Marina Armas no incluye solo el delito de privación ilegítima de la libertad en el caso de Marco Hurtado. Los cinco PM aún presos en la cárcel de Ramo Verde nunca recibieron las medidas alternativas al cumplimiento de la pena que les corresponden según lo establece el Código Orgánico Procesal Penal.
Armas tampoco les otorgó a Arube Pérez, Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín, Luis Molina y Hurtado los beneficios contemplados en la Ley de Redención de la Pena por estudio y trabajo, que les conmuta un día de prisión por cada dos días trabajados o de estudio en prisión.
Según la denuncia de Theresly Malavé, la jueza se ha ensañado contra estos funcionarios, con una conducta repudiable que será denunciada también ante organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y los vinculados con el respeto a los derechos humanos. “La juez incurrió en violación de convenios suscritos por la república en materia de derechos humanos. Ella ha irrespetando la libertad individual, conducta que la vincula con la comisión de delitos penales de violación de derechos humanos, los cuales no prescriben”.
El caso de los PM, incluida la privación ilegítima de la libertad de Marco Hurtado, fue denunciada también ante la comisión de la ONU que está en Venezuela por decisión de Michelle Bachellete. “Ellos ya tienen conocimiento del cúmulo de violaciones a los derechos humanos en este caso».
Malavé recordó que según la ley, cuando una persona cumple la condena, de manera automática el juez debe emitir la boleta de excarcelación. «Eso es así, no acepta interpretaciones».
Pero ahora al parecer hay un nuevo criterio. Según Malavé, la conducta de la jueza Ada Marina Armas se inscribe en la nueva modalidad aplicada por los tribunales militares, de mantener privadas de libertad a personas que ya cumplieron sus condenas. Es el caso de los tenientes de la Aviación Peter Moreno y Luis Lugo. “Ahora en el ámbito civil se estrena Ada Marina Armas con la prisión ilegal de Marco Hurtado”.
Por todas estas razones Malavé exigió la destitución de la jueza o que emita en lo inmediato la boleta que permita la libertad del subcomisario Marco Hurtado.
