(Foto cortesía de AVN)
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La Unión Nacional de Trabajadores alertó que el gobierno lleva a cabo una razia laboral desde el 30 de diciembre para reducir drásticamente su nómina, ya que han recibido denuncias del despido de 10 mil empleados de la administración pública.

Marcela Máspero, coordinadora de la Unete, indicó que muchos de los perjudicados han informado a los sindicatos que la situación se ha registrado en Bolivariana de Puertos, Ministerio de Agricultura y Tierras, Aeropuerto de Maiquetía y el Servicio Integrado de Administración Tributaria y Aduanera, Seniat.

2,8 millones es el número de empleados que suma la  nómina fija de la administración  pública centralizada y descentralizada

Explicó que para las expulsiones “el gobierno se vale de la suspensión del contrato de trabajo a tiempo determinado con los empleados que mantiene bajo esa figura, sin embargo la Ley Orgánica del Trabajo establece que al cumplirse un año como contratado el trabajador debe ser pasado a la nómina fija”.

Máspero refirió que trabajadores cuyos contratos fueron rescindidos ejercen funciones en el sector público desde hace 2, 4, 6, 10 y hasta 16 años, por lo que el Ejecutivo “incurre en una flagrante violación de la Ley del Trabajo”.

La sindicalista señaló que con los contratados el gobierno incurre en la práctica de la tercerización, la cual está expresamente prohibida en la ley, que la define como fraude laboral del patrono del sector público y el privado.

La semana pasada, Servando Carbone, coordinador de la Unete y de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, advirtió la intención del Ejecutivo de rescindir los contratos a 300.000 empleados.

“Estos trabajadores han permanecido años en esa condición con la promesa del patrono Estado de que en cualquier momento pasarán a fijos”, dijo Carbone. La nómina fija del sector público asciende a 2,8 millones de personas.

Según el directivo de Fentrasep, el gobierno alega la necesidad de reducir el gasto en el sector público mediante la salida del personal contratado en lugar de aplicar los recortes presupuestarios en la compra de armamento.

 

Con información de El Nacional




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