La conformación de la comuna ha traído problemas. La aspiración de los vecinos del conjunto residencial Llano Verde, en Miguel Peña, de pertenecer a su propia entidad comunal y no a una compartida con dos comunidades vulnerables aledañas, se confronta con la intención de quienes habrían realizado un proceso electoral que fue impugnado por la comunidad, pero que con el apoyo de funcionarios se llevó a cabo este domingo, en medio de agresiones y quejas.

De visita en la redacción de El Carabobeño, Omaira Pulido, vocera de control del consejo comunal del conjunto, integrado por ocho edificaciones, explicó que desde que en 2016 Ysabethy Da Silva y Sandra Rivas fueron designadas como representante del Consejo Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), empezaron las penurias de toda la comunidad, pues ella se empeña en organizar una comuna que integre a Llano Verde con las dos invasiones, a lo que los vecinos de los edificios se oponen. Ahora quiere hacerlo, pero desde el consejo comunal, ente para el cual se postuló como vocera, en unas elecciones realizadas el 24 de septiembre y que los vecinos rechazan.

Según Pulido, Da Silva y Sandra Rivas fueron las artífices del nombramiento, en abril de este año, de una comisión electoral que la comunidad rechazó desde mayo, entre otras cosas porque uno de los miembros se fue del país y, además, porque el coordinador Miguel Ruiz es la pareja de Da Silva.

En Llano Verde piden impugnación de elecciones del consejo comunal

Narró que en abril, las fuerzas políticas la convocaron a una reunión en uno de los salones del conjunto residencial. Asistieron voceros de la Fundación para la Solidaridad Social (Fundasocial), las UBCH, la coordinadora del Centro de Desarrollo Comunal (CDC) de Bella Florida, y Da Silva y Rivas como coordinadoras del CLAP.

La intención era llegar a un acuerdo sobre la actualización de las vocerías del consejo comunal. «Fui porque en ningún momento me he negado a esa actualización, pero no en la línea con lo que Da Silva quiere hacer, sino apegada a las leyes. El 30 de abril se eligió la comisión electoral y, en vista de tantas inconsistencias, el 5 de mayo impugnamos el proceso ante la dirección de Fundacomunal, que preside Reinaldo Calatayud».

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Para Pulido, Calatayud es el responsable de todo lo que está ocurriendo, junto al promotor Sergio Marcha. «En mayo se reunió con nosotros, pero nunca quiso revisar el proceso. Si lo hubiese hecho hoy no estaríamos en esta situación».

Pulido y las tres personas que se habían postulado al consejo comunal decidieron seguir con el proceso, a pesar de las irregularidades. Alertaron a las autoridades, insistieron con Calatayud, pero no tuvieron respuesta.  Complicó el panorama el hecho de que el coordinador Miguel Ruiz sacó de la comisión electoral, en el mes de agosto, a Pedro Vargas, quien fue electo por la comunidad. Calatayud tampoco respondió ante esta denuncia. «Nunca buscó la manera de que hiciéramos una mesa de trabajo».

Las postulaciones iniciaron en junio, Pulido y otras tres personas participaron, pero en virtud de las irregularidades decidieron renunciar. Por eso las elecciones, previstas para el 17 de septiembre, fueron cambiadas al 24.

El miércoles 20 de septiembre hicieron una nueva alerta. Incluso se reunieron con la coordinadora de las comunas, Irina Chourio y notificaron al director regional del Consejo Nacional Electoral.

El domingo 24 pese a las impugnaciones, se hicieron las elecciones, en las que hubo agresiones verbales y hasta golpes. «No había votantes, pero mantenían las mesas abiertas incluso a las 11 de la noche».

Según Pulido, el hijo de Sandra Rivas, que es abogado, golpeó a Pedro Vargas, a su esposa, Nerca Soto, presidenta del condominio, y a su hijo, denuncia que fue consignada ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. «La policía llegó, intentó suspender el proceso y no le hicieron caso, también querían llevarse detenido al agresor, pero había huído. Irina Chourio ordenó parar el proceso, pero el promotor Sergio Marcha se opuso porque todo estaba bien, pese a que no había gente votando».

Un video grabado por los vecinos demuestra la agresión contra Vargas y su familia. «No nos quisimos comunicar con Calatayud porque ya nos ha faltado suficientemente el respeto, el de la UBCH tampoco dio respuesta». Da Silva y Rivas dicen que las elecciones fueron legales, la petición de impugnación de los vecinos no ha sido atendida.

¿A qué se oponen los vecinos?

La preocupación es clara. La ley obliga a la conformación de comunas y de acuerdo con Pulido,la intención de Da Silva y Rivas es crear una sola comuna con los residentes de Llano Verde y dos comunidades vulnerables que hay en la zona. «Nosotros queremos tener nuestra propia comuna, somos un conjunto residencial con ocho torres y al lado tenemos otros edificios. ¿Por qué no podemos unirnos con ellos y si tenemos que hacerlo con las invasiones? En Fundacomunal siempre nos han dicho que eso no se puede hacer porque las necesidades de las comunidades son distintas»

Les preocupa que, a raíz del enfrentamiento surgido desde el nombramiento de la comisión electoral, en el conjunto residencial comenzaron a pasar cosas. «Se metieron y robaron dos carros, quisieron acabar con los kioscos, con la cancha»

Hoy asegura que hay una campaña de desprestigio en su contra, que ha incluido dos amenazas. Una ocurrió en 2018, cuando recibió una llamada citándola al Centro de Desarrollo Comunal de Bella Florida, que maneja la Alcaldía de Valencia, y al salir hacia el sitio fue agredida por dos menores que le exigían la entrega de los documentos del consejo comunal.

«Hace seis meses, dentro del conjunto residencial, fui agredida por Isabel Ayala, promotora de Fundasocial. La señora Virginia Requena, también de ese organismo, me ha desconocido como vocera de contraloría social del consejo comunal». Esta denuncia fue consignada ante la Alcaldía de Valencia, pero derivada a Fundasocial.

Pulido hizo un llamado al gobernador Rafael Lacava, quien ya en una oportunidad le asignó protección durante 15 días. También al alcalde de Valencia, Julio Fuenmayor, para que apoyen a la comunidad que está siendo intimidada por las encargadas del CLAP y su equipo. «Aquí ya ha habido lesionados, como la presidenta del condominio de Llano Verde y su familia. Tememos que el hijo de Sandra Rivas, que ya agredió a varias personas durante las elecciones, atente contra los vecinos que seguimos denunciando».

 

 

 




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