El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció hoy 3.118 detenciones arbitrarias en Cuba durante los siete primeros meses de 2017, de las cuales 559 fueron en julio: 374 de mujeres y 185 de hombres.
En un comunicado difundido en Madrid, esta entidad también reprochó el «significativo ataque al incipiente sector privado» por parte de las autoridades cubanas, pues el mayor interés del Gobierno sigue siendo «conservar su poder sin permitir libertades».
En este sentido, mencionó las «restricciones legales, la escasa burocracia y el afán recaudatorio» del Ejecutivo cubano.
El OCDH criticó la resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que permite «no otorgar licencias» para el ejercicio de negocios como el arrendamiento de vivienda; la elaboración y venta de alimentos en restaurantes y cafeterías, instructor deportivo, fabricante y vendedor de calzado y profesor de idiomas.
Esa norma o «ley cangrejo», según la nota, constituye «un retroceso en la escasa reanimación del mercado interno y laboral».
Considera el observatorio que es un intento del Gobierno cubano por «controlar» las actividades que pudieran constituirse como competencia a la «ineficiente» industria estatal de servicios.
Según el comunicado, esto supone un «portazo al presente y futuro de miles de cubanos» que apostaron por un proyecto emprendedor.
A la constante «represión interna» de quienes disienten y piden libertades democráticas y respeto de los derechos humanos, según el OCDH, se añade ahora la «amputación de derechos económicos».
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