La periodista mexicana Rosa Isela Pérez, exiliada en España tras recibir amenazas de muerte por investigar los feminicidios de Ciudad Juárez, cree que la impunidad generalizada de los crímenes contra periodistas pone en peligro el derecho a la información en Latinoamérica.
«El periodismo en América Latina pasa por uno de sus peores momentos, sobre todo México», aunque también hay «derivas autoritarias» en Venezuela, Nicaragua, Honduras o Brasil, explica a EFE en el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas, que se celebra cada 2 de noviembre.
Casada y madre de madre de tres hijos, Pérez y su familia tuvieron que abandonar su país en 2009: varios años de cobertura de los feminicidios en Ciudad Juárez para el diario El Norte le hicieron ver que «en México está muy difícil distinguir entre el crimen organizado y las autoridades» porque «están confabulados en muchos crímenes».
Un mundo de impunidad
Ese hallazgo, fruto del contacto con las familias de las asesinadas y otras víctimas, como los «chivos expiatorios» a los que se acusó falsamente de los asesinatos, la convirtió en un objetivo, aunque sigue sin saber muy bien de quién.
«Cuando me preguntan quiénes eran los que me amenazaban resulta muy complicado responder: no sé si el crimen organizado o la propia Fiscalía», uno de cuyos miembros la esperó amenazante a la salida de su periódico.
Es «un mundo de impunidad, una falta de Estado de derecho total. Los periodistas saben que muchos políticos y empresarios están en redes de lavado de dinero o involucrados en el narco o en redes de trata (…) pero no se puede hacer nada».
«Hace poco decapitaron a un periodista en Veracruz, un mensaje de terror para los demás».
En 2003, nada más recibir un premio internacional, Pérez terminó despedida tras meses de «acoso moral»: «Un abogado asesinado poco después me dijo que habían negociado mi cabeza y que mi periódico se había vendido».
Acusada de «manchar la imagen de la ciudad con patrañas inventadas por las madres para lucrarse», se le impuso un «boicot laboral» que le impedía trabajar en cualquier otro medio.
«Luego testifiqué en el caso de Campo Algodonero -donde se encontraron los cadáveres de ocho jóvenes y niñas con signos de violencia sexual- y las amenazas se reactivaron».
“Supuesta lucha” gubernamental
El Gobierno lanzó entonces «un programa de supuesta lucha contra el narco, y el ejército cometía todo tipo de crímenes: ahí supe que no podía seguir esperando, con mi familia, que no pasara nada».
Once años después, la situación está más complicada, según la periodista, que no cree en las cifras oficiales que hablan de menos de 2 mil feminicidios ocurridos desde 1993: «Son más, muchísimas, pero muchísimas más. Es que hay muchas desaparecidas».
México está considerado responsable por negligencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por Campo Algodonero, pero la sentencia no ha cambiado mucho.
«Sólo se ha cumplido la parte económica, la mas fácil, pero no la otra, la persecución de los responsables. Si lo hubieran hecho entonces, se habría acabado, pero ahora parece mucho peor. Estas redes están mas fuertes (…) y el miedo y la normalización de la violencia se han instalado en la sociedad».
Un derecho clave
México es el país donde el peligro es más visible, pero no el único.
«Venezuela resulta prácticamente un Estado fallido; en Nicaragua hay una represión muy fuerte, con censura y agresiones; Honduras, el mes pasado, vio cómo mataron a un periodista que investigaba al narcotráfico y los políticos; en El Salvador (el presidente Nayib) Bukele hace declaraciones contra la prensa; en Brasil, los periodistas ambientales también reciben amenazas».
«Hay circunstancias muy, muy, muy agresivas no solo contra periodistas, sino contra el derecho a la información, clave para que la sociedad actúe, para que tome decisiones», asegura.
Ella lo sabe muy bien. Ahora se encarga del programa de refugio temporal de periodistas latinoamericanos de Reporteros Sin Fronteras (RSF), tras unos años «muy duros» de adaptación a una realidad «injusta»: «los asesinos y los corruptos siguen en mi país, pero yo tuve que irme».
Entre los últimos casos de los que se ha ocupado está Priscilla Pacheco, hija del periodista mexicano Francisco Pacheco, asesinado a balazos en la puerta de su casa en 2016. «Es un ejemplo muy claro de que una vez que matan al mensajero, el problema continua contra la familia».
También del colombiano Christian Herrera, «amenazado por investigar los vínculos entre narcotráfico» y que le explicó cómo «los cárteles mexicanos se abastecían en Colombia».
«Ojalá yo hubiera tenido la oportunidad que ofrece este programa, un tiempo para tomar distancia y reflexionar», asegura alguien que entiende «muy bien la desesperación de estas personas». EFE
