El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes que anticipará las elecciones legislativas si no consigue aprobar los presupuestos de 2019, bloqueados actualmente por el rechazo de los independentistas catalanes.

“Si no llegamos a aprobar los presupuestos, mi vocación de llegar hasta el final de la legislatura [en junio de 2020] se ve acortada”, declaró Sánchez en un encuentro organizado en Madrid por la revista británica The Economist.

“Yo decidiré cuándo convocar las elecciones”, dijo, y aseguró que lo hará “cuando considere que son beneficiosas para el interés general del país”.

Hace una semana, el socialista Sánchez insistía en su voluntad de gobernar hasta junio de 2020 a pesar de los numerosos obstáculos de su ejecutivo, el más minoritario desde el restablecimiento de la democracia española hace 40 años.

El principal de ellos, en este momento, es el bloqueo en la cámara de los presupuestos, concebidos de la mano de la izquierda radical Podemos. Ante esta situación, Sánchez podría verse obligado a prorrogar el presupuesto diseñado para 2018 por su predecesor conservador Mariano Rajoy.

“Es una acumulación de situaciones incómodas, pero la causa fundamental (del posible adelanto electoral) es que no puede sacar adelante los presupuestos”, que preveían un fuerte aumento del salario mínimo y “serían una seña de identidad importante para un gobierno socialista como el suyo”, dijo a la AFP Paloma Román, politóloga en la Universidad Complutense de Madrid.

– Bloqueo catalán –

Sánchez dispone de varios meses para aprobar los presupuestos. Sin ir más lejos, los de 2018 fueron adoptados en junio.

Pero los independentistas catalanes, que le permitieron llegar al poder en junio apoyando su moción de censura contra Rajoy, rechazan apoyarlos después de las largas penas de prisión (de hasta 25 años) que la fiscalía reclama contra los separatistas encarcelados por el intento de secesión de 2017.

Con 84 diputados en un Congreso de 350, los socialistas necesitan su apoyo, el de Podemos y el de los nacionalistas vascos para vencer la feroz oposición del Partido Popular (derecha) y de Ciudadanos (centroderecha), que reclaman repetidamente nuevas elecciones.

Más allá del presupuesto, los reveses se acumulan en la senda de Sánchez, desde la exhumación del dictador Francisco Franco de su mausoleo, retrasada constantemente, o el acuerdo con el Partido Popular para nombrar los magistrados del Tribunal Supremo, que saltó por los aires este mismo martes.

“Todos los días tiene un nuevo frente abierto que le sacude y le puede ir empujando claramente hacia una convocatoria electoral” que, según las encuestas, podría hacerle ganar escaños en el Congreso, opina Román.

– ¿Cuándo convocarlas? –

El lunes, el ministro de Fomento José Luis Ábalos, muy cercano a Sánchez, no descartó que las elecciones legislativas puedan celebrarse el 26 de mayo, coincidiendo con las europeas, las municipales y las regionales.

En este caso, Sánchez dispondría de plazo hasta el 1 de abril para convocarlas.

Los sondeos ubican actualmente al Partido Socialista como primera fuerza en el país, por lo que el hecho de convocar rápidamente elecciones limitaría el desgaste del poder.

Pero “hay un debate en el seno del gobierno, entre quien quiere adelantarlas y quien no lo tiene tan claro”, afirma la politóloga de la Universidad de Zaragoza Cristina Monge. El mismo Sánchez duda, según ella.

Si bien los socialistas lideran las encuestas, estas los sitúan lejos lejos de la mayoría absoluta y se verían obligados a entablar duras negociaciones con las otras fuerzas políticas.

Además, Sánchez necesita “dos, tres, cuatro cosas que él pueda mostrar como un éxito de su gestión” para lanzar la campaña, continúa Monge.

“¿Qué puede vender, más allá de un discurso victimista de ‘no me han dejado’?”, se pregunta esta politóloga que se decanta por la celebración de estos comicios en el otoño boreal de 2019.

En cualquiera de las dos opciones, el gobierno de Sánchez batiría el récord del ejecutivo del centrista Leopoldo Calvo-Sotelo, que gobernó durante 21 meses (febrero 1981-diciembre 1982), el más corto en los últimos 40 años de democracia.




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