
Las autoridades colombianas desarticularon una organización transnacional dedicada al ingreso de migrantes al país sin el cumplimiento de los requisitos legales, que operaba desde distintas ciudades, señaló en un comunicado la Policía Nacional este martes.
«Se trata de una organización criminal trasnacional que con fines de lucro facilitaba y colaboraba con el ingreso, tránsito y salida de migrantes sin el cumplimiento de los requisitos legales en el territorio nacional», explicó la fuerza pública.
Bogotá, Medellín, Cali, Montería, Ipiales, Santa Fe de Antioquia y Necoclí son los lugares en donde se produjo la detención de diez de sus integrantes, incluido el cabecilla de la organización, Jan Pieter de Vrijer.
En tres meses la organización recibió ganancias de más de 380 millones de pesos (más de 93 mil dólares) gracias al dinero enviado por migrantes a Colombia desde países como Austria, Alemania, Sudán del Sur, Kenia o ciudades de Estados Unidos y Canadá.
Los delincuentes captaban a los migrantes en las rutas que siguen desde el sur del país hasta la zona del Urabá antioqueño, donde llegan antes de cruzar hacia Panamá adentrándose en la selva del Darién.
Desarticulada organización criminal
También lograban «extraer a ciudadanos extranjeros inadmitidos» en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y facilitaban su ingreso al país sin el cumplimiento de los requisitos legales. Estas «extracciones», como las denominó la Policía, se llevaban a cabo a través de un operario de aseo que los transportaba ocultos en recipientes para arrojar basura.
En esta operación la Policía incautó, entre otros, 19 pasaportes, más de 30.000 dólares y una residencia en Bogotá utilizada como hotel en la que encontraron a ocho migrantes cubanos, que ya están a disposición de Migración Colombia.
También se realizaron «medidas de embargo, secuestro y suspensión» de 16 muebles e inmuebles, diez vehículos, tres hoteles destinados para el alojamiento de los migrantes irregulares, dos establecimiento de comercio y una casa.
Los diez integrantes detenidos fueron imputados por los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir, y se les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
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