El fiscal chavista, Tarek Saab, informó este miércoles del desmantelamiento de una red de personas que se dedicaba a repatriar venezolanos desde Estados Unidos sin cumplir con los protocolos establecidos por el Gobierno, como la realización de una cuarentena.
«Ofrecían hospedaje, traslado, alimentación, salvoconductos y pruebas rápidas (de COVID-19), por un monto de 1.800 dólares desde Miami», dijo en una alocución que fue transmitida por el canal estatal VTV.
Explicó que hasta el momento van 12 personas detenidas por estos hechos, entre los que destacan cuatro funcionarios públicos, algunos de ellos médicos, que concretaban estas transacciones a través de la frontera terrestre que el país comparte por el sur con Brasil.
Saab aseguró que los detenidos, que promovían estos paquetes de viaje a través de redes sociales, fueron detenidos en flagrancia, y se les imputan los delitos de corrupción propia, obtención ilegal de lucro, tráfico ilegal de personas y asociación para delinquir.
A los acusados se les decomisaron formularios de pruebas COVID-19 expedidos por centros de salud pública de Venezuela, y en sus teléfonos celulares se obtuvieron pruebas sobre «las conexiones y transacciones económicas dirigidas al tráfico ilícito de personas por trochas (pasos fronterizos no supervisados) desde Brasil».
Se trata de mafias que buscan aprovecharse y enriquecerse con las necesidades urgentes de aquellas personas que desean retornar al país, remarcó Saab.
Venezuela suspendió todos los vuelos comerciales desde mediados de marzo, cuando el país entró en cuarentena debido a la pandemia por COVID-19, y hasta ahora ha controlado el retorno de sus ciudadanos a través de algunos vuelos autorizados pero sobre todo mediante el paso de personas en las fronteras terrestres con Brasil y Colombia.
DETIENEN A MÉDICO
Saab también se refirió a la detención del médico Antonio Amell, de nacionalidad colombiana, a quien acusan de comercializar medicamentos que el Estado entrega de manera gratuita y que son usados en pacientes con coronavirus.
El galeno, de 27 años, «fue detenido tras un trabajo de inteligencia» y luego de varias denuncias que fueron realizadas por familiares de los pacientes.
«Amell captaba a los familiares y les informaba que el hospital no tenía recursos médicos y que él podía conseguir cada ampolla de Remdesivir por un costo de 800 dólares, cuando el Ministerio de la Salud lo entrega gratuitamente», dijo el fiscal.
Asimismo, explicó Saab, los agentes que detuvieron al médico hallaron en su residencia, al momento de la detención, materiales médicos y medicamentos, algunos de ellos «producidos para uso hospitalario exclusivo en Colombia».
«Se trata sin duda de una deplorable violación de códigos éticos del ejercicio de la medicina y de graves delitos», comentó el fiscal tras desestimar que algunos congresistas colombianos se hayan pronunciado por este caso «haciendo ver que se trata de una detención arbitraria y de que su vida corre peligro».
«No, corrían peligro la vida de los pacientes que en mala hora cayeron en sus manos», respondió.
