Empresas brasileñas en la mira. (EFE)
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La policía brasileña desarticuló hoy una organización criminal montada por empresas de lácteos y frigoríficos, para anular las multas que recibían del Ministerio de Agricultura, mediante el pago de sobornos a fiscales de esa cartera, informaron fuentes oficiales.

La investigación fue realizada por la Policía Federal brasileña al constatar que algunas empresas productoras de lácteos y carnes, eran favorecidas en procesos administrativos ante el Ministerio de Agricultura, mediante la anulación de las multas que les imponían los fiscales sanitarios.

Adriana Carla Feitosa, jefa de Fiscalización del Ministerio de Agricultura en el estado amazónico de Tocantins, era quien hacía el levantamiento del sigilo bancario, lo que permitió a los investigadores descubrir que la funcionaria venía recibiendo depósitos mensuales de las empresas investigadas.

“Tan solo en su cuenta bancaria personal fue identificada una diferencia de valores de más del 200 % entre lo depositado y lo que informó en su última declaración de impuesto de renta”, según un comunicado de la Policía Federal.

Los investigadores también establecieron que esa banda pagó cerca de 3 millones de reales (unos 968.000 dólares) en sobornos entre 2010 y 2016, agrega la nota.

Tras la identificación de los responsables, el juez encargado del caso ordenó la detención de diez personas, la conducción a la fuerza a declarar ante comisarías de otras 16 y expidió 36 mandatos de allanamiento y registro en residencias y oficinas de los acusados.

Las órdenes comenzaron a ser cumplidas este martes por cerca de 120 agentes que la Policía Federal movilizó en los estados de Tocantins, Pará, Sao Paulo, Pernambuco y en el Distrito Federal de Brasilia.

El juez también ordenó un embargo en cuentas bancarias e inmuebles de los acusados por cerca de 2,2 millones de reales (unos 710.000 dólares).

La operación se produjo dos meses después de que la Policía Federal desmontara otro grupo que también sobornaba a fiscales del Ministerio de Agricultura, para permitir la comercialización de carnes con su plazo de validez vencido o sin condiciones adecuadas de consumo.

El escándalo provocado por el descubrimiento de la mafia que adulteraba carnes llevó a una veintena de países, entre los cuales importantes compradores como China, Hong Kong y la Unión Europea (UE), a imponer restricciones temporales a las importaciones de carnes brasileñas.

La mayoría de los países que impuso las sanciones las levantó pocos días después o tan solo las limitó a las plantas investigadas luego de que el Gobierno brasileño lanzara una intensa campaña diplomática para explicar que el escándalo tan solo afectaba a un mínimo de productores y de fiscales.

Brasil, el mayor exportador mundial de carne bovina y de pollo, y el cuarto en el segmento de la de cerdo, teme que el escándalo haya provocado millonarias pérdidas en el sector y la pérdida de mercados que demoró en conquistar.




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