Por presuntamente estar implicado en un hecho de corrupción, un juez del circuito judicial penal de Carabobo fue destituido de su cargo. Al parecer habría una investigación en contra del funcionario.
El Carabobeño tuvo acceso a una serie de documentos que evidencian que se produjo la destitución y la investigación que motivó tal desenlace.
El 22 de abril, el hasta ese momento presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel -José Moreno, envió el oficio TSJ-CJ-No 1150-2022 de fecha 20 de abril, mediante el cual notificó a Jesse Arias Quintero, director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, que en reunión de la comisión judicial efectuada el 20 de abril se decidió remover de su cargo al abogado Carlos Alberto Alcántara González, juez provisorio del Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Penal del estado Carabobo y en consecuencia fue excluido de la lista de juezas y jueces suplentes de los juzgados superiores estadales en lo contencioso administrativo de la Circunscripción Judicial de la región Centro Norte.
En el documento no se explican las razones, pero El Carabobeño accedió a una denuncia consignada en la delegación Valencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, archivada en el expediente K-22-0080-01293, interpuesta por uno de los familiares de un hombre detenido por presunto homicidio.
Según el acta levantada en el Cicpc, el pasado 12 de abril una persona denunció que presuntamente había entregado dinero a un juez, que le habría prometido liberar a su familiar, lo cual no ocurrió.
Según la denuncia que reposa en el Cicpc, en enero pasado familiares de un joven detenido por homicidio se pusieron en contacto, a través de otras personas, con el juez provisorio, Carlos Alcántara, quien les dijo que los ayudaría. De hecho, según el escrito, juramentó a las abogadas defensoras públicas del caso, prometió alinearse con el juez del caso y también con la fiscalía para lograr la libertad del detenido, quien como mucho quedaría bajo arresto domiciliario.
En la denuncia ante el Cicpc, los familiares aseguran que hicieron tres pagos: «Uno por dos mil dólares, supuestamente para las abogadas defensoras y para «alinearse» con el juez del caso, 200 dólares para copias y finalmente cuatro mil dólares más supuestamente para la fiscalía, para un total de seis mil 200 en efectivo». Los días pasaron y el acusado, incluso, fue trasladado al penal de Tocuyito. «El juez Alcántara cortó comunicación y también se dificultó el contacto con las abogadas defensoras». Decidieron denunciarlo.
Tras conocerse los hechos, Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó remover del cargo a Alcántara. La fiscalia 13° estaría investigando los hechos.
