Consejo de la Magistratura de Bolivia. (Cortesía)
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El Consejo de la Magistratura de Bolivia destituyó hoy a dos jueces por haber condenado por error a 30 años sin derecho a indulto a un hombre que fue acusado de un feminicidio y estuvo preso por dos años sin ser culpable del crimen.

El presidente de ese órgano, Wilber Choque, declaró en una rueda de prensa que los jueces de la ciudad de Santa Cruz que fueron destituidos son Mery Yanet Mojica y Alberto Luis Paz, por condenar al inocente Reynaldo Ramírez, quien estuvo preso desde 2015.

El caso de Ramírez, que hoy tiene 30 años, provocó un revuelo después de que estos días el verdadero asesino confesara el crimen ocurrido en noviembre de 2014, que intentó ocultar con un incendio.

Ramírez, que ni siquiera conocía a la víctima de 22 años, vivía en otra ciudad y estaba internado en un centro médico cuando se cometió el crimen en Santa Cruz, siempre defendió su inocencia, pero fue acusado por una supuesta semejanza física con el asesino.

Ramírez y sus abogados demandarán al fiscal del caso y a los jueces y pedirán una indemnización al Estado por la injusticia.

El magistrado Choque dijo que el Estado debe pagar un resarcimiento “a la persona injustamente condenada”, pero después la dirección administrativa financiera del órgano judicial debe devolver al Estado el coste de lo que se pagará.

Wilber Choque agregó que los destituidos eran “jueces transitorios” y que en adelante sus puestos serán ocupados por jueces con carrera judicial.

Además de las sanciones administrativas y una investigación por la vía de régimen disciplinario, el Consejo de la Magistratura se querellará penalmente contra los jueces ahora destituidos.

La Fiscalía General del Estado determinó el jueves suspender de su cargo al fiscal Marcelo Delgadillo Montellano, quien junto a los agentes policiales que investigaron el caso, serán procesados.

El fiscal admitió que la familia de la víctima señaló a Ramírez como el autor del crimen e insistió en ello durante el proceso, pero que hubo errores la investigación.

El caso volvió a poner en evidencia la profunda crisis de la administración de Justicia en Bolivia, algo que reconocen las autoridades y que lleva varios años, provocada por casos de corrupción, la incompetencia de los magistrados y fiscales y un colapso del sistema que provoca demoras en la resolución de los casos. 




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