El arresto en Hong Kong y posterior liberación bajo fianza del cardenal católico Joseph Zen, de 90 años, por hechos relacionados con las protestas prodemocráticas de 2019 ha desatado un aluvión de críticas internacionales ante una nueva demostración del retroceso de las libertades en la excolonia.
Zen fue detenido el miércoles junto a la cantante canadiense-hongkonesa Denise Ho; la reputada abogada Margaret Ng; el académico Hui Po-keung y la exlegisladora Cyd Ho -quien ya cumplía condena-, todos fideicomisarios de un fondo ya disuelto que ayudaba a personas sin recursos, detenidas o heridas durante su participación en las protestas.
El Gobierno chino rechazó las críticas por lo sucedido al considerarlas injustificadas y defendió la actuación de la policía de Hong Kong, que basó las detenciones en un supuesto delito de confabulación con fuerzas extranjeras a través de dicho fondo.
Se trata de la primera vez que un cardenal católico es arrestado en suelo chino desde el final de la Revolución Cultural en la década de los setenta y es previsible que lo ocurrido acreciente las tensiones entre China y ,además de poner en un brete al Vaticano respecto a sus relaciones diplomáticas con Pekín.
Un fondo bajo la lupa
Las detenciones de Zen; Ho, de 45 años; y Ng, de 74, se produjeron en la tarde del miércoles después de que el académico Hui Po-keung fuera aprehendido en el aeropuerto de Hong Kong y acusado de los mismos cargos cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Alemania.
Todos ellos fueron liberados bajo fianza horas después, aunque sus pasaportes fueron retenidos por las autoridades y deben reportarse ante la policía a principios de agosto.
La quinta detenida, Cyd Ho, ya cumplía una condena de 14 meses por cargos relacionados con las protestas de 2019.
Los cinco fueron fideicomisarios del ya extinto «612 Humanitarian Relief Fund» (Fondo de Ayuda Humanitaria 612), creado en junio de 2019, al inicio de las movilizaciones, con el objetivo de ayudar a personas sin recursos detenidas o heridas durante su participación en las protestas.
Las recaudaciones del fondo llegaron a sumar 30 millones de dólares a mediados de 2021.
En agosto del año pasado la organización fue blanco de críticas de los medios hongkoneses afines al Gobierno chino por sus supuestas conexiones con países extranjeros, un delito duramente castigado por la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020 a raíz de las protestas.
El Fondo 612 dejó de aceptar nuevos casos ese mismo mes y quedó oficialmente disuelto en octubre, aunque en los meses siguientes ha permanecido bajo la mirada de las autoridades de la excolonia.
El «obispo rebelde»
Las detenciones conmocionaron a Hong Kong y preocupado a la comunidad internacional, en especial al involucrar al religioso nonagenario, uno de los dos únicos carde nales aún con vida en China y miembro del comité de asesores del Vaticano sobre el país asiático.
Conocido como el «obispo rebelde» cuando estuvo al frente de la Diócesis de Hong Kong entre 2002 y 2009, Zen ha sido un activo defensor de la democracia en el centro financiero asiático y de las libertades religiosas en la China continental.
El cardenal, llegado a Hong Kong desde Shanghái en el año en que el Partido Comunista de China llegó al poder (1948) fue criticado con dureza a la Santa Sede por un controvertido acuerdo entre el Vaticano y Pekín que permite al Gobierno del país asiático «proponer» los nombres de los obispos católicos que la Iglesia designa en su territorio.
China cuenta con doce millones de católicos que se dividen entre los pertenecientes a la iglesia que cuenta con el beneplácito del Estado y los que permanecen «discretamente» fieles a Roma, una rama cuyos sacerdotes denuncian que han sido marginados después de que Pekín y el Vaticano alcanzaran el citado acuerdo.
Poco después de la detención de Zen, el Vaticano expresó su «preocupación» y afirmó que la Santa Sede «sigue muy de cerca la evolución de la situación», según aseguró el portavoz vaticano, Matteo Bruni.
Preocupación internacional
El departamento de Estado de Estados Unidos consideró que los arrestos muestran que las autoridades de Hong Kong «persiguen por todos los medios silenciar el disenso y minar los derechos y las libertades», en tanto la titular de Exteriores canadiense, Mélanie Joly, tachó lo ocurrido de «profundamente preocupante».
A su vez, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, manifestó «gran preocupación» y pidió respeto a «las libertades fundamentales, tal como están garantizadas en la Ley Básica de Hong Kong y en la Declaración Conjunta Sino-Británica».
Chris Pattern, quien fue el último gobernador de Hong Kong bajo dominio británico, definió al cardenal Zen como «una de las principales figuras de la Iglesia Católica en Asia» y tachó su detención de «intolerable ejemplo de cómo el PCCh está empecinado en convertir a Hong Kong en un estado policial».
La respuesta de China llegó a través de su oficina de Exteriores en la excolonia, que emitió un comunicado en el que expresa su «gran insatisfacción» por las críticas internacionales que «manchan las legítimas actuaciones de las fuerzas de la ley y el orden».
La nota insiste en que los detenidos «supuestamente confabularon con fuerzas extranjeras y arriesgaron la seguridad nacional» y urgió a las «fuerzas extranjeras» a poner freno a su «pobre actuación política llena de sesgo ideológico».
El Gobierno de Hong Kong defendió asimismo la actuación de su policía «basada en pruebas» y que «no tiene nada que ver con las profesiones o credos» de los implicados.
