Camila Suárez es familiar de uno de los detenidos. El 19 de mayo se encontraba, desde las 10:00 a.m, en el destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la espera de la libertad de su esposo.

La ansiedad impera. Desde el pasado lunes no duerme por la aprehensión arbitraria de su esposo, quien estaba en su apartamento en la urbanización Palma Real, cuando funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ingresaron ilegalmente.

Suárez recuerda ese día. Estaba en la cocina con sus hijos pequeños, cuando de manera inesperada un funcionario derribó la puerta de su hogar. Registraron todas sus pertenencias en busca de un armamento militar que no tenían. No son terroristas como los han querido catalogar.

Luego de una larga jornada de zozobra, a las 6:00 p.m le dieron la noticia más esperada: La libertad de su cónyuge. Una sensación agridulce se apoderó de los presentes: La liberación de los seis detenidos en Palma Real tiene ciertas restricciones que cercenan y limitan su cotidianidad. Tienen prohibición de salida del estado, prohibición de participar en las manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro y régimen de presentación cada 15 días.

En el destacamento de la GNB en Ciudad Chávez nadie habla en voz alta. El secretismo y la desconfianza domina a los familiares y amigos de los retenidos. Entre el cuchicheo se escucha que todavía falta por soltar a un señor de la tercera edad, que permanece detenido en la sede del Cicpc de Las Acacias y es juzgado por el tribunal militar.

Dos de sus familiares comentaron que el sexagenario fue arrestado luego del allanamiento a su empresa, en el municipio Valencia. “Unos patriotas cooperantes del consejo comunal lo ´sapearon´ porque, según esas personas, él es un terrorista”.

La audiencia de presentación fue diferida para este sábado por el fiscal militar, durante la comparecencia en el Fuerte Paramacay. Hubo nuevas variantes que ni siquiera los abogados conocíamos, informó Alfonso Granadillos, miembro del equipo legal del Foro Penal Venezolano.

La angustia aumenta. Él padece de hipertensión y amerita control. Sus familiares denunciaron que en la delegación del Cicpc lo trataron de manera inhumana cada vez que intentaban que le dieran los medicamentos.

Mientras estuvo en Ciudad Chávez nunca pudieron verlo. Hubo denuncias de torturas psicológicas: “Le decían que nunca saldría de aquí”.

Resignados se retiraron ese jueves del destacamento de la GNB. La jornada del día sábado sería extenuante: Una audiencia ante el tribunal militar.




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