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Dayrí Blanco | @DayriBlanco07

Una vez más organismos de seguridad del Estado lo hicieron: Detuvieron a alguien por vincularlo con un hecho que relacionan con el asalto a la 41 Brigada Blindada. En esta oportunidad le correspondió a Simón Mora, esposo de Yngrid Acosta, decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo (UC), a quien se le acusa por ser administrador de un galpón donde presuntamente se realizó una reunión para organizar el ataque a la instalación militar.

La detención fue el pasado lunes 15 agosto, cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) buscaron en su residencia a Mora y le preguntaron si tenía llaves de un galpón ubicado en Naguanagua. Él respondió que sí, porque está a cargo de esa empresa, donde se almacenan alimentos, y otras de su jefe que está fuera del país.

El día miércoles 17 se dio la audiencia de presentación de imputados de la 41 Brigada Blindada, en la que le dictaron a Mora privativa de libertad y le imputaron los delitos de traición a la patria, ataque de centinela, sustracción de prendas militares e instigación a la rebelión.

La información la dio a conocer su abogado y coordinador regional del Foro Penal Venezolano, Luis Armando Betancourt, quien aseguró que durante la audiencia no le permitieron la entrada.

El arresto ocurrió cuando los uniformados le pidieron a Mora que los llevara al galpón y el accedió. Ahí le pusieron las esposas y se lo llevaron. Se conoció que se presume que en ese lugar se hizo una reunión con la participación de algunos dirigentes gremiales, entre los que dos de ellos están detenidos.

El vicerrector administrativo de la UC, José Ángel Ferreira, lamentó el hecho. Él conoce desde los 15 años a Mora y sabe que es un profesional de la ingeniería de alimentos y esposo, padre y compañero intachable.

Recordó que se trata del cuarto caso de persecución política que afecta a la institución. “Primero fue el profesor Santiago Guevara que tiene más de cinco meses preso sin poder defenderse, después Julio García del Colegio de Enfermeros y educador de la universidad, y el mismo día Rosmary Di Pietro del Colegio de Contadores, también profesora. Ahora le tocó al esposo de nuestra decana de odontología”. Ferreira lamentó que muchos estudiantes que querían ser como sus docentes ahora reclamen que no haya razones para quedarse en el país.

El llamado del vicerrector es a la fiscalía y la Defensoría del Pueblo para que se respeten los derechos humanos. “Que investiguen todo lo que quiera. Estoy seguro que van a comprobar la inocencia de los cuatro. No tenemos dudas de eso”. Estos casos serán expuestos ante el mundo a través de la Unión de Universidades de América Latina, la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de DDHH de las Naciones Unidas y la Organización Iberoamericana de la Educación.

 




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