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A solicitud del Ministerio Público fue privado de libertad el presidente de la junta administradora ad hoc del Consorcio Industrial Venezolano de Tecnología China (Civetchi), José Ramón Hernández Gil (54), por presuntas irregularidades en la venta de 89 vehículos a la empresa Venezuela Productiva.

Tal situación ocurrida en la citada ensambladora de vehículos, que opera en la Zona Industrial de Valencia, estado Carabobo, fue denunciada el pasado 23 de enero ante las autoridades.

En la audiencia de presentación, las fiscales 67ª nacional auxiliares, Rubi Padrón y Mercedes Cabrita, imputaron a Hernández Gil por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso y defraudación tributaria.

Dichos tipos penales están previstos y sancionados en la Ley contra la Corrupción y el Código Orgánico Tributario.

Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por las fiscales del caso, el Tribunal 2º de Control de Carabobo ordenó la medida de privativa de libertad para el hombre, quien permanece recluido en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en la ciudad de Valencia.

El pasado 23 de enero, un comisario mercantil de la empresa Venezuela Productiva acudió a la sede de la Dgcim para denunciar una serie de irregularidades detectadas en la compra de 89 vehículos, negocio que se concretó con la ensambladora Civetchi en el mes de agosto de 2016. Por tal motivo, el Ministerio Público inició la investigación.

Hernández Gil habría entregado los vehículos sin sus respectivos cauchos de repuesto. De igual manera, no habría realizado el pago por impuesto al lujo correspondiente a este tipo de transacciones.

Adicionalmente, se corroboró que 33 de los autos presentaban diversos desperfectos.

El presidente de Civetchi resultó detenido el 4 de febrero por efectivos de la Dgcim, en su domicilio situado en el conjunto residencial Prisma del municipio Los Guayos, en Guacara.

Cabe destacar que este procedimiento se llevó a cabo en virtud de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por el Tribunal 2º de Control del estado Carabobo.




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