(Foto Dayrí Blanco)
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Dayrí Blanco | @DayriBlanco07

La tortura está vigente en las cárceles del país. Los 11 jóvenes detenidos el 20 de julio en La Isabelica y que fueron enviados a la cárcel Fénix del estado Lara, la viven a diario. Están en una celda de castigo sometidos a la violación de todos sus derechos humanos tras ser privados de libertad por protestar.

Ellos ya cuentan más de 30 días sin tener contacto con sus familiares, en un calabozo donde están, además de incomunicados, en un espacio de tres metros cuadrados ocupado por 24 personas en total, sin entrada de aire ni luz. Es un lugar tan oscuro que no se pueden ver entre ellos mismos, quienes se mantienen en ropa interior por las altas temperaturas y deben hacer sus necesidades fisiológicas en tobos. Uno de los afectados sufre de esquizofrenia, con quien no han tenido consideraciones especiales.

La denuncia de esta tortura fue introducida ante el tribunal penal militar, según informó Luis Armando Betancourt, coordinador regional del Foro Penal Venezolano (FPV). “Se indicó lo que ocurre y lo que mencionó la jueza verbalmente a uno de nuestros abogados es que son políticas propias del centro de detención y que ella no podía hacer nada y debía canalizarse con el director. Eso no es así, los privados de libertad están a la orden del juez y las violaciones de derechos humanos deben ser evitadas por es figura”.

Esos 11 jóvenes forman parte de la lista de 67 privados de libertad de Carabobo desde abril durante protestas de calle y allanamientos ilegales, que contabiliza el FPV en la entidad.

Desde el 6 de agosto, cuando ocurrió el asalto a la 41 Brigada Blindada y la más reciente manifestación en la región, se han intensificado las violaciones a domicilios con visitas violentas de diferentes cuerpos de seguridad a residencias, que terminan con la detención ilegal de alguien.

Son hechos que ocurren a cualquier hora y de forma insistente en zonas como El Trigal, La Trigaleña y La Isabelica. “Dicen que son allanamientos cuando no se cumplen con las formalidades del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) según denuncias de las familias víctimas de estos abusos, una de las formalidades es presentar una orden escrita por el juez de control y tampoco se ha permitido asistencia de abogados ni testigos que deben ser vecinos del sector, al no contarse con esos requerimientos, no son allanamientos sino violaciones al domicilio. Esto ha ocasionado terror y pánico entre la sociedad”.

También resaltan las detenciones de gremialistas como Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros; Omar Escalante, presidente de FetraCarabobo; Rosmary Di Pietro, presidente del Colegio de Contadores; y Simón Mora, esposo de la decana de Odontología de la Universidad de Carabobo, Yngrid Acosta. Todos tras ser vinculados con la planificación del asalto a la Brigada Blindada.




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