Ulises Rojas, vicerrector académico de la UC ,exigió una fe de vida de los detenidos a las autoridades. (Foto Dayrí Blanco)
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Dayrí Blanco

No hay respuestas. Los abogados, acostumbrados tener siempre algo que decir, esta vez están sin palabras. Apenas pueden decir “no se”. Han recorrido diferentes sedes de cuerpos de seguridad, y en ninguna le confirman  en qué calabozo están sus defendidos. Así han transcurrido las primeras 48 horas de la detención de dos dirigentes gremiales de Carabobo que, un vez aprehendidos en procedimientos ilegales, parecen estar desaparecidos.

De Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros en la región, es poco lo que se sabe. A las 10:00 a.m. del sábado fue sacado violentamente de su residencia ubicada en la urbanización La Trigaleña de Valencia, mientras se encontraba desayunando junto a su esposa con cuatro meses de embarazo y sus hijos de 12 y dos años. “¿A dónde lo llevan?”, le preguntó la mujer a los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que se quedaron en silencio. Desde ese momento, no sabe nada de él.

A Rosmary Di Pietro uniformados de ese mismo cuerpo de seguridad la sorprendieron en el aeropuerto de Maiquetía el sábado en la tarde mientras regresaba con sus tres hijas desde Porlamar. Se desconoce con exactitud dónde la tienen recluida. Lo primero que le indicaron a abogados y familiares es que había sido trasladada al Sebin en el estado Vargas, pero otras versiones señalan que la llevaron al Helicoide en Caracas y de allí la enviarían a Carabobo.

Ambos detenidos son profesores de la Universidad de Carabobo (UC), comunidad que está profundamente afectada por el hecho. Ulises Rojas, vicerrector académico de la institución,exigió una fe de vida a las autoridades y denunció que los dirigentes gremiales son parte de la lista de perjudicados por un proceso sistemático de atropellos contra libertad individual de personas “que no tienen otro pecado que manifestar de manera pacífica los desmanes que está cometiendo este Gobierno”.

La responsabilidad legal de lo que ocurra a su integridad física y mental recaerá sobre los funcionarios del Sebin, de acuerdo a Gerardo Vásquez, Vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, (APUC). “Ha sido imposible que se de con el lugar exacto donde están recluidos. Ni los abogados han podido confirmar esa información”.

Vásquez reiteró que ambos detenidos son personas reconocidas por su lucha social. “No merecen el tratamiento que les ha querido dar el Gobierno en un falso llamado a paz”. Tanto Di Pietro como García fueron señalados por el director del Sebin, general Gustavo González López, como parte de los 18 capturados involucrados en el asalto a la 41 Brigada Blindada, al igual que el presidente de la Federación de Trabajadores de Carabobo (Fetracarabobo), Omar Escalante, quien fue detenido el martes 8 de agosto durante un allanamiento en su casa, en La Isabelica, y le fue dictada privativa de libertad. Se encuentra recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Ramo Verde.




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