(Foto AFP)

Cuando Nicolás Maduro dijo que impulsaría un cambio de Constitución ya Venezuela era escenario de fuertes protestas en contra de su Gobierno y hoy, cuando faltan horas para la elección de los redactores del nuevo ordenamiento legal, el país vive la incertidumbre sobre qué pasará el día después de la votación.

La convocatoria a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha echado combustible a una ola de manifestaciones que ya tiene casi cuatro meses y a dos días de los comicios los venezolanos corren para blindarse con alimentos y productos básicos ante la inminencia de un posible gran enfrentamiento.

Ese clima de crispación tiene que ver con todo lo que el oficialismo ha prometido que se logrará con la instalación de la Constituyente y con todas las alertas que la oposición política ha encendido acerca de la posible consolidación de una «dictadura» en Venezuela y el agravamiento de la crisis económica y social.

El oficialismo ha vendido la Constituyente, no solo como la vía para cambiar la Carta Magna, sino también como un mecanismo para lograr la paz en medio de las protestas, para obligar a la oposición a dialogar, para desmontar al Parlamento opositor y al Ministerio Público «traidor», entre otras promesas.

Los candidatos a redactores – todos chavistas – han hecho, por su parte, otras ofertas como elevar a rango constitucional la lealtad a la «revolución bolivariana», la congelación de precios y el poder de las «comunas» sobre alcaldías y gobernaciones.

No solo la oposición ha hecho alertas, muchos de los que aún se identifican como chavistas, pero que rechazan a Maduro, también han pedido no votar en las elecciones a la Constituyente por considerar que no ha sido solicitada «por el pueblo» como dice la Carta Magna y han advertido que, de instalarse, habrá más violencia.

Nada se sabe con certeza sobre lo que pasará tras las elecciones del domingo. Maduro ha repetido hoy que estas votaciones darán «un poderoso mensaje de paz» y que la instalación de la Constituyente servirá para «construir una economía productiva», una promesa que hace a 18 años de «revolución».

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido, Diosdado Cabello, ha hecho campaña sin descanso a la Constituyente y en el marco de encendidos discursos ha pedido que una vez que se instale esta asamblea se revise el desempeño de la fiscal, Luisa Ortega, que ha sido crítica al cambio de legislación y al Gobierno.

Cabello también ha pedido inhabilitar a diputados opositores que han convocado a las manifestaciones de calle y se ha sumado a la advertencia de que después del domingo, el Parlamento de contundente mayoría antichavista será desalojado del palacio legislativo y la Cámara, ya desautorizada por el oficialismo, perderá vigencia.

La oposición reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha señalado que con el Legislativo y la fiscal fuera de circulación, el Gobierno ya no tendría obstáculos para la consolidación de una dictadura que atornillaría al chavismo en el poder, lo que, asegura, sería el fin último de este «fraude constituyente».

El analista Luis Vicente León, presidente de la firma Datanálisis, ha dicho que «es inadecuado, inconstitucional y antidemocrático ofrecer la Constituyente para aplastar adversarios» y que «sólo eso ya la inválida y descalifica».

El dos veces candidato a la Presidencia, el opositor Henrique Capriles, ha señalado que de conformarse esta asamblea «muchas naciones sancionarán económicamente a Venezuela», lo que generará más pobreza en el país que ya ostenta la mayor inflación del mundo y una severa crisis de escasez de alimentos y medicamentos.

El dólar paralelo ya se ha disparado nuevamente en vísperas de estas votaciones y los precios de alimentos y productos básicos han hecho lo propio.

El miércoles pasado el dirigente opositor preso Leopoldo López pidió a los venezolanos seguir luchando en las calles hasta lograr que se cumplan los tres puntos que más de 7,5 millones de personas apoyaron en la consulta popular hecha el pasado día 16, el primero de ellos, el rechazo al «proyecto fraudulento» constituyente.

También dijo que la Fuerza Armada está obligada a cumplir con la Constitución y a «no ser parte de un proyecto de aniquilación de la República» y que el Parlamento debe convocar a unas elecciones «que puedan abrir las compuertas a un Gobierno de unidad nacional».

A juzgar por estos discursos, el día después, la confrontación se fortalecerá.




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