Ilustración Javier Rodríguez
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No habrá reedición de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Al menos hasta que existan condiciones. “Para nosotros son inaceptables los términos del documento de propuestas de mediadores y por supuesto no estamos de acuerdo, ni lo aceptamos. No lo avalamos, ni lo aprobamos”, exclamó Carlos Ocariz, representante de la oposición en la mesa de diálogo.

El 23 de enero se filtró una propuesta para la segunda fase del diálogo. Fue presentada por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana); acompañados por Ernesto Samper, presidente de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y Aldo Giordano, nuncio apostólico y quien sustituye al enviado especial del Vaticano, Claudio María Celli. El “Acuerdo de Convivencia Democrática” posee siete puntos que se dividen en acciones a ejecutar por los antagonistas de la política venezolana.

El encargado de dar la primicia fue el presidente Nicolás Maduro. Lo hizo en su programa dominical “Domingos con Maduro” el 22 de enero. Dijo que un documento presentado por los mediadores tendría resultados positivos. “Soy optimista. Creo que la oposición va a cumplir los acuerdos y con ayuda del documento entregado por los observadores internacionales vamos a avanzar”.

José Ignacio Guédez, actual secretario de la Asamblea Nacional, fue vocero en una rueda de prensa en respuesta a Maduro. Allí la MUD se limitó a dar el acuse de recibo del documento. El secretario general de La Causa R dijo que la oposición estudiaría a profundidad el texto. Se apoyará en expertos en resolución de conflictos y luego de tomar una decisión se la comunicarán al país.

En la memoria colectiva opositora todavía está el sabor amargo de la ronda de negociaciones en 2016. Instalada el 30 de octubre, la mesa de diálogo entre el Gobierno y la oposición no dio los resultados esperados. La liberación de menos de 10 presos políticos —quedan 106 según el Foro Penal venezolano— fue una pequeña e insuficiente muestra de la buena voluntad del Gobierno. No hubo canal humanitario para medicinas alimentos y tampoco cese de la represión institucional a la AN por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El que fuera para muchos el punto central: el revocatorio, tampoco se cumplió.

Se necesitan mecanismos de garantía

Se necesitan mecanismos de garantía. El secretario ejecutivo de la coalición opositora, Jesús “Chuo” Torrealba, afirmó que de no existir herramientas que soporten el cumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno, el diálogo será imposible. Aseveró, en su programa radial La Fuerza es la Unión, que sentarse de nuevo en una mesa depende de lo que de ahora en adelante se muestre desde las filas oficialistas. “No nos vamos a prestar para la continuidad de un diálogo que no ofrezca resultados al país. El experimento que hicimos del 30 de octubre al 6 de diciembre es una página cerrada que no se va a volver a abir”.

El mecanismo de garantías del acuerdo presentado es diplomático. Expone que si una de las partes considera que se incumplió algún punto previo, debe notificarlo a la Plenaria Conjunta, que luego notificará a la parte que habría incumplido en un lapso de 24 horas. Luego, la parte que supuestamente incumplió, tendrá un lapso de 48 horas para presentar sus argumentos. Si no lo hace en ese tiempo, se activará un proceso de arbitraje por parte de la Plenaria: allí se tomará una decisión vinculante para la que se tiene 72 horas más de plazo.  “No habrá ningún tipo de interacción que no pase por los mecanismos de verificación de cumplimiento. Si no, nada de eso va pa’l baile. Tiene que haber una negociación seria, amplia y con participación de todos los sectores”.

Para Henrique Capriles, gobernador de Miranda, dos veces candidato presidencial y dirigente de la Unidad, el diálogo está congelado. Lo que buscan los venezolanos es una salida a los problemas de escasez de alimentos, medicinas y que las instituciones democráticamente electas sean respetadas. Eso solo se resume en una palabra: elecciones. Sobre el documento que se propuso, advirtió que es “más de lo mismo”.

 

LA ÚLTIMA RENDICIÓN

Las organizaciones políticas más frontales, como Voluntad Popular y Vente Venezuela, han rechazado el acuerdo presentado para una segunda fase del diálogo. “¿Convivencia?, plantear la convivencia es perpetuar la dictadura”, fustigó María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela. La dirigente calificó el proyecto de acuerdo como la última rendición y entrega de las fuerzas democráticas. “Tengo la confianza que ninguno de los partidos aprobará este texto”.

Con las dictaduras no se convive. Se les enfrenta, se les desnuda. Se requiere firmeza, coraje y la verdad, puntualizó.  Resulta aberrante un punto específico del acuerdo que expresa “reconocer que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo han sido electos de forma constitucional, democrática y legítima para cumplir con los mandatos y períodos determinados por Ley”. Machado dice que ese punto debe ser repudiado por toda Venezuela: “En el documento está muy claro, los venezolanos tendríamos que reconocer que Maduro fue electo de manera legítima, que no hubo fraude en 2013. Que nos olvidemos de la declaratoria del abandono del cargo de la AN y que Maduro se queda hasta el 2019”.

El acuerdo de convivencia también prevé que el TSJ ‘colabore’ con el nombramiento de dos de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) con el período vencido. Para la dirigente se trata de una entrega de funciones que haría el parlamento ante el poder Judicial. Recordó que no son dos, sino cinco los integrantes del poder Electoral que debieron ser nombrados por la AN. La omisión legislativa no existe, recalcó. “Este documento de los mediadores plantea que violemos la Constitución, al pedir consenso en el nombramiento de los rectores. La única condición jurídica para ello es que la designación la haga la AN”. Para Machado no es solamente un problema de que se acabó la democracia, sino la República. El documento pretende que cuando haya consenso en el nombramiento de los rectores se comunique a la presidencia del TSJ. “Es decir, aquí el poder supremo no son los que votamos, sino el TSJ. Si no hay soberanía popular se acabó la República”.

El último punto, y con el que Machado se indignó más, es el de acordar una posible fecha de elecciones de gobernadores y alcaldes. Se está negociando algo que está en la Constitución, reclamó. “¿Ustedes leyeron ‘elecciones presidenciales’ por alguna parte?”, dijo en rueda de prensa.

Dirigentes de Voluntad Popular también rechazaron el acuerdo. El coordinador nacional de Voluntad Popular y primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara, dijo que no claudicarán en su objetivo: un nuevo Gobierno. “Aquí, en vez de diálogo, lo que tenemos que buscar es una negociación política para facilitar una transición a la democracia lo antes posible. Hablar por hablar, tomarse una foto para que el gobierno luego diga que es democrático es lo que Leopoldo López y en Voluntad Popular no estamos dispuestos a aceptar”.




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