(Foto AFP)
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El diálogo para superar la crisis política venezolana está al borde de la ruptura ante la escasa posibilidad de que el gobierno acepte las exigencias de la oposición para no abandonar la mesa.

Aunque pautada para este martes, la realización de la tercera ronda de conversaciones es incierta por el ultimátum de la coalición de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD) al presidente socialista Nicolás Maduro.

“La reunión se realizará si el gobierno cumple”, reiteró este lunes a la AFP el negociador de la MUD Carlos Ocariz.

El diálogo iniciado el 30 de octubre cuenta con el acompañamiento del Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuyos delegados no han confirmado si habrá encuentro este martes tras las acusaciones mutuas de incumplimiento de los acuerdos.

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dio por hecho este lunes que la oposición no acudirá. En Caracas ya se encuentra el expresidente de Panamá Martín Torrijos, delegado de la Unasur, y se espera la llegada del enviado del papa Francisco, Claudio María Celli, según fuentes de la MUD.

“Nosotros no nos vamos a levantar”, sostuvo Cabello, quien añadió más tensión al fustigar en duros términos al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, por una carta que el prelado le envió a Maduro sobre la negociación.

“El Papa no ha mandado ninguna carta, quien ha mandado una carta fue el señor Pietro Parolin. Falta de respeto, irresponsable, creer que desde el Vaticano van a tutelar a Venezuela”, afirmó en un acto público.

En una alusión velada a esa misiva, Maduro denunció el pasado viernes una trama para “implosionar” el diálogo por parte de la MUD y un “factor acompañante” del proceso.

“La única persona que está haciendo todo para implosionar la mesa es usted. No está cumpliendo nada de lo acordado”, respondió este lunes el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, también destinatario de la comunicación.

La oposición exige una salida electoral a la crisis, que pasaría por la reactivación de un referendo revocatorio contra Maduro -suspendido el 20 de octubre- o un adelanto de las elecciones previstas para 2018.

También, la liberación de opositores presos, aceptar donaciones de alimentos y medicinas -en grave escasez- y que la justicie levante una medida de “desacato” contra el Parlamento de mayoría opositora.

Liberación a cuentagotas

Aunque no ha trascendido el contenido de la carta de Parolin, Torrealba señaló que ésta desmiente al gobierno pues confirma que en la agenda sí están planteadas la salida electoral y la liberación de presos.

Maduro sostiene que esos temas no están en discusión, pero según la MUD, seis de sus militantes han recobrado la libertad como resultado del diálogo.

Deslizando que el gobierno podría excarcelar a algún dirigente para oxigenar la mesa, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, advirtió este lunes que no bastará.

“La liberación de presos a cuentagotas y bajo presión, sin que el régimen cumpla las demás exigencias, no nos mantendrán en la mesa de diálogo”, indicó el diputado en Twitter a nombre de su partido Acción Democrática, uno de los principales de la MUD.

“Imagino que el gobierno sacará algo para salvar la negociación, pero la MUD debe medir bien su permanencia, porque el gobierno solo quiere paralizarla en su acción política autónoma”, declaró a la AFP el politólogo Luis Salamanca.

La situación de los “presos políticos” cobró protagonismo desde el fin de semana, luego de que 14 de ellos iniciaran una huelga de hambre para exigir su liberación y una salida electoral, y que otros 36 pidieran a la MUD mantener el diálogo.

Además, un asambleísta liberado recientemente tras dos años y medio de arresto, Rosmit Mantilla, se encadenó este lunes en la Nunciatura Apostólica en Caracas, hasta que excarcelen al “último preso”.

Más obstáculos

Cabello insistió en que quien no ha cumplido lo pactado es la oposición, pues a su juicio se niega a desvincular a tres de sus diputados, cuya elección hace un año fue suspendida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante denuncias de fraude.

Aunque los asambleístas pidieron su exclusión el 15 de noviembre, el TSJ exige que se lo haga mediante un acto parlamentario y levantar así la situación de “desacato”.

En otro hecho que debilitaría aún más el diálogo, la oposición se propone nombrar este martes a dos rectores electorales, pese a estar inhabilitada por el TSJ.

Alegando “omisión legislativa”, el chavismo pidió a la corte que designe a esos funcionarios, cuyo período venció.




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