Una coalición de dieciséis estados, liderada por Texas presentó este miércoles ante la Corte Suprema un escrito en respaldo al veto del presiente de EE.UU., Donald Trump, a que los ciudadanos de ocho países entren al país.
Trump, publicó a finales del año pasado un nuevo decreto que restringe la llegada de personas procedentes de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad, Corea del Norte y Venezuela, con el objetivo de proteger a la nación del terrorismo y reforzar la seguridad pública, cuya aprobación definitiva está en manos del Supremo.
«La mayor obligación del presidente Trump es garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, y con su última prohibición de viaje está cumpliendo con esa sagrada responsabilidad», argumentó el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, en un comunicado.
El texto insta al máximo tribunal a fijar una fecha definitiva para retomar el caso, tras el acuerdo alcanzado en enero de aplicarlo, pese a los desafíos legales en su contra.
Además del fiscal texano, presentaron el informe de «amicus curiae» (amigo de la corte) los fiscales generales de Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Luisiana, Misuri, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Virginia Occidental, y los gobernadores Paul LePage de Maine y Phil Bryant de Misisipi.
El Tribunal Supremo, que en diciembre aceptó de manera cautelar la aplicación del veto migratorio, anunció que en abril evaluará en una audiencia la legalidad de iniciativa de Trump, lo que significa que emitirá un veredicto antes del final de junio.
Hace dos semanas, un tribunal de apelaciones con sede en Richmond (Virginia) ordenó paralizar nuevamente la última versión del veto migratorio de Trump, en una decisión que, en la práctica, no tiene grandes consecuencias legales, puesto que otro tribunal de apelaciones con sede en San Francisco ya lo había hecho.
Paxton declaró que «el presidente está invocando poderes ejecutivos incorporados en la Constitución, autorizados por el Congreso y utilizados 44 veces por una lista bipartidista de expresidentes sin un desafío legal».
Desde que llegó al poder, Trump ha tratado de restringir la entrada al país de personas procedentes de naciones con una mayoría de población musulmana alegando motivos de seguridad.
