Profesores de la Unidad Educativa Ana Rodríguez de Pérez del estado Zulia, denunciaron ante la Sub Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, la violación de sus derechos humanos y laborales.
El presidente encargado Juan Guaidó conjuntamente con la presidenta de la Sub Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, Bolivia Suárez, recibió a un grupo de educadores, quienes les presentaron un conjunto de inquietudes, al prohibirles la entrada a la institución donde laboran y obligándolos a cumplir horario en otra unidad educativa, privándolos de esta manera con su deber de educar.
La diputada Suarez, como presidenta de la sub-comisión acompañó a los profesores Noris Queipo, Rosyenny Ramírez, Edelmira Ortega, entre otros, a reunirse con el presidente Guaidó.
Ellos le entregaron un documento denunciando que la Zona Educativa del municipio San Francisco del estado Zulia, la cual prohibió la entrada a la Unidad Educativa Ana Rodríguez de Pérez, donde laboran.
«Ellos decidieron, conjuntamente con los padres y representantes de los alumnos, cambiarse al horario de la mañana, porque el de la tarde es el horario donde se aplica el racionamiento tanto eléctrico como de agua en el sector».
“Los profesores tomaron esta decisión buscando una solución al problema, porque todos los días tenían que suspender las clases en la tarde, puesto que no tenían luz y tampoco agua, tenían que soportar altas temperaturas», exponen en el documento.
Esta decisión provocó malestar por parte de la directora del plantel educativo y los jefes de la ZE del municipio San Francisco de la parroquia Ochoa, y decidieron prohibirles la entrada a los profesores y los obligan a cumplir horario en otra institución educativa, sin dar clases; violando sus derechos al trabajo, a educar y también sus derechos humanos y de los alumnos”, explicó la diputada Bolivia Suárez.
El presidente Guaidó por su parte les dio su apoyo y solidaridad a los profesores, quienes se van acoger a la Ley de Garantías Laborables aprobada en plenaria de la Asamblea Nacional, que garantiza la protección de los derechos civiles, políticos y laborales de los trabajadores del sector público.
“Es incomprensible que estos profesores sean castigados, sean sometidos a cumplir horario por tratar de resolver las malas condiciones de su sitio de trabajo. tienen tres meses en esta situación y nadie les da respuestas. mientras, los padres se niegan a enviar a sus hijos al colegio en virtud de que no existen las condiciones mínimas para recibir clases”, apuntó la asambleísta Suárez.
CCN
