La presidenta de la subcomisión de Niños, Niñas y Adolescentes de la Asamblea Nacional, diputada Karín Salanova rechazó las acusaciones emitidas por Tarek William Saab, quien acusó al primer vicepresidente del Poder Legislativo, Freddy Guevara de haber utilizado a adolescentes durante las protestas de abril e incentivarlos a delinquir.
La parlamentaria recalcó en sus palabras que el máximo representante del Ministerio Público cuando actuaba como Defensor del Pueblo «nunca atendió las innumerables denuncias que su instancia presentó sobre la violación de los derechos humanos de los menores».
Salanova precisó que por más de dos años fueron innumerables los casos que presentamos ante lo que fue el despacho de Tarek William Saab, a lo que está claro no le importó, mientras que para promover un juicio netamente político, muestra una eficiencia en tiempo récord, sin importarle involucrar a niños y adolescentes en sus supuestas pruebas para buscar acabar con un liderazgo, técnica del régimen para acabar con la disidencia, mientras centenares de menores siguen siendo víctimas de un sistema que los asesina por la escasez de alimentos y medicamentos, donde hoy en día, estudiar es un verdadero lujo y el gobierno al que rinde tributo Saab, hace caso omiso ante ello».
La parlamentaria destacó que desde la AN, se han hecho constantes actualizaciones del maltrato real y no manipulado del que son víctimas los niños, niñas y adolescentes en Venezuela, «lamentablemente, en muchos casos, ellos no han contado con la eficiencia de los que se encuentran a la cabeza de las instituciones del Estado, quienes además no gozan de liderazgo, porque sus cargos se los deben al dedo que ejecuta miseria contra el pueblo».
Salanova recordó que hasta el momento no hay funcionarios castrenses detenidos por atentar con gases lacrimógenos zonas residenciales, violando los derechos de infantes hasta en sus lugares de estudio, de eso tenemos un seguimiento y los organismos internacionales están al tanto. El mundo entero vio quienes decidieron acabar con la vida de más de 120 personas durante los meses de protestas, acción que además es constitucional, pero que el Gobierno se empeña siempre en ilegitimar.
