Foto: (Archivo)
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La Constitución Nacional ordena que, si un diputado de la Asamblea Nacional (AN) es detenido cometiendo un delito, su sitio de reclusión debe ser su domicilio, hasta que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) considere enjuiciarlo y le solicite permiso al parlamento. Esto no se cumplió en el caso de Gilber Caro, dirigente nacional de Voluntad Popular, quien cumplió este jueves 216 horas desaparecido.

Él debería estar en su casa, cumpliendo ante las autoridades sí actuó en contra de la Ley. Eso ocurre en un país donde se respete la ley, donde las instituciones cumplan con su deber y no respondiendo a decisiones viscerales.

Su detención ocurrió el miércoles 11 de enero. El diputado se trasladaba por la Autopista Regional del Centro (ARC) en Carabobo, le acompañaba Steyci Escalona, también dirigente del partido. En el peaje de Guacara fueron interceptados por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) aproximadamente a las 11:20 a.m.

Desde ese entonces, según comenta el abogado Antonio Marval, ni su equipo legal ni la familia del parlamentario han podido verlo.

 “Este es un antecedente nefasto para la historia jurídica del país. Nunca en la vida se había visto este tipo de procedimiento”. Cualquier ciudadano debe ser presentado en tribunales en las siguientes 48 horas luego de su detención. Caro ya lleva nueve días. “Ni siquiera hemos podido preparar la defensa porque no sabemos cuáles son los delitos que se le imputarán”.

Marval informó además que introdujeron un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia,  el  habeas corpus que debía ser respondido en cuestión de horas, fue ignorado por el máximo tribunal del país.

El equipo legal presume que Caro está recluido en el Círculo Militar, eso es lo que algunos funcionarios le han comentado la defensa. “No nos consta que esté allí. Eso es lo grave. Ninguna persona debe permanecer incomunicada según el Código Orgánico Procesal Penal y la Constitución”. En Venezuela la ley está de espaldas, sentenció el abogado. 

El Gobierno no encuentra cómo justificar esa detención arbitraria. Esto es una etapa más de la judicialización, criminalización y militarización de la política: algo demasiado grave.

 Ángel Álvarez, diputado por Carabobo, afirmó: “Asumimos que estamos en una dictadura”, por ello en la sesión de este jueves la Asamblea Nacional pidió al Gobierno de Maduro que entreguen una fe de vida oficial, de las condiciones en las cuales se encuentra actualmente el parlamentario. 

El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, una vez practicada la detención de Caro y su compañera de VP, calificó en su condición de representante del poder Ejecutivo que cometían actos de terrorismo. La precisión fue conocida en transmisión televisada, sin que mediara la actuación del Ministerio público, sin la presencia de juez alguno, se saltó el poder judicial, sin decisión de un tribunal, sin juicio, sin cumplir el debido proceso. 

El Aissami justificó la actuación contra el parlamentario y su acompañante, como una acción del Comando Nacional Antigolpe por la Paz y la Soberanía y los señaló como partícipes de un plan desestabilizador en contra del Gobierno de Maduro. 

Steyci Escalona solo pudo ser vista el día de su presentación en el Tribunal 6º de Control Militar de Carabobo, con sede en la 41 Brigada Blindada del Ejército, en Naguanagua. Se le imputaron los delitos de sustracción de efectos militares y rebelión. La defensa espera el lapso de 45 días hasta una nueva audiencia. La dirigente está en buen estado de salud, finalizó Marval.




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