Directores y delegados de la Defensoría del Pueblo manifestaron este viernes su respaldo al presidente del Poder Ciudadano, Tarek William Saab, por lo que consideran las amenazas contra él por parte del Parlamento.
«Rechazamos las amenazas vertidas contra Tarek William Saab el martes 25 de abril bajo el subterfugio de un acuerdo aprobado por un grupo de diputados en las instalaciones de la Asamblea Nacional (AN) que han pretendido dar un ultimátum al presidente del Consejo Moral Republicano», indicaron los directores en un comunicado.
El escrito fue leído por el director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo, Alfredo Ruiz, en una conferencia de prensa en la que los funcionarios le manifestaron a Saab su apoyo, acompañamiento y solidaridad.
«Rechazamos que este grupo de personas utilice el lenguaje de la amenaza, impongan límites de tiempo e inmiscuyan a la familia de un servidor público con la finalidad de coaccionar a un poder público legitimo para que actúe a favor de sus particulares intereses políticos», dijeron.
Los compañeros del defensor consideraron muy grave que los diputados opositores digan que el defensor deberá atenerse a las consecuencias si no cede al chantaje.
«Recordamos a la opinión pública que la Asamblea Nacional no está facultada para remover de su cargo al defensor del pueblo, según lo previsto en el articulo 279 constitucional sin la intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)», indicaron.
Este jueves Saab rechazó el plazo de tres días que le dio el martes la mayoría opositora del Parlamento para que respalde el proceso iniciado en la Cámara con el que buscan la destitución de siete jueces del TSJ.
El ombudsman consideró que el Parlamento le amenazó al fijarle un plazo para que califique de «falta grave» la actuación de los siete magistrados de la Sala Constitucional del TSJ que emitieron dos sentencias, parcialmente revocadas, que fueron vistas por la oposición como un «golpe de Estado».
Aclaró, asimismo, que el Legislativo «no tiene cualidad para destituir al defensor» sino solamente la Sala Plena del Supremo.
Saab reiteró que la petición del Parlamento para avalar la remoción de estos magistrados, requisito establecido en la Constitución para poder concretar estas destituciones, ya fue respondida el pasado 6 de abril cuando el Consejo Moral Republicano -organismo del Poder Ciudadano- consideró improcedente la medida.
La denuncia de ese «golpe de Estado» fue el argumento principal esgrimido por la oposición para convocar a manifestaciones antigubernamentales de calle, que comenzaron hace casi un mes y que hasta ahora han dejado 29 muertos, además de cientos de heridos y detenidos.
