El dirigente opositor Antonio Ledezma urgió este domingo a los directivos de la ONU y OEA a vigilar las «agresiones» del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contra los derechos humanos al señalar que busca evadir el alcance de instrumentos como la Corte Penal Internacional (CPI).
El exalcalde metropolitano de Caracas «exigió» a ambas organizaciones «estar más vigilantes» ante lo que describió como una cadena de agresiones a opositores, periodistas y organizaciones no gubernamentales, entre otros.
En una carta pública dijo que Maduro «busca reventar o abortar el proceso de investigación que avanza en la Corte Penal Internacional, proceso que en estos primeros meses de enero y febrero tienen un ritmo que hace pensar que van directo a la meta del juicio».
En septiembre pasado la misión de la ONU para Venezuela presentó su informe sobre abusos en cárceles de la inteligencia venezolana y subrayó que si la Justicia de ese país no investiga a los dirigentes señalados, ese rol podría recaer en la CPI.
Ledezma manifestó que además de sus intentos de evadir un posible juicio por crímenes de lesa humanidad internacional, Maduro está logrando que se comiencen a levantar sanciones a miembros de administración, «que le entreguen a sus sobrinos involucrados en narcotráfico» en EE.UU. y «ponerle la mano al oro que esta a buen resguardo en Inglaterra».
Dirigente opositor Ledezma
Tildó así de una burla sus acciones para evadir instituciones que velan por el respeto de los derechos humanos.
El opositor denunció la persecución contra disidentes como la periodista del diario El Nacional Carola Briceño, al señalar que se vio obligada a refugiarse en Colombia.
Ledezma expresó su solidaridad con organizaciones no gubernamentales como El Amparoy Fundaredes, al señalar que también están bajo los «embates» de Maduro.
Pidió igualmente no olvidar la prisión que sufren los directivos de Fundaredes, especialmente la de su presidente, Javier Tarazona, al igual que recordó y pidió solidaridad para los militares presos y líderes civiles como el caso del diputado Juan Requesen.
