A Francis Olivares le cuesta mantenerse en pie. Hace seis años tuvo un accidente cuando iba camino a su trabajo en la escuela Manuel Cedeño de Naguanagua, que depende de la gobernación de Carabobo, administración que la sacó de nómina de manera injustificada.
Ella no puede ni caminar sola porque tiene el riesgo de caerse como consecuencia de la grave lesión cervical y neurológica que padece. Requiere de una cirugía para insertarle una cánula de titanio que le permita recuperar su calidad de vida, pero no cuenta con los recursos ni para comprar los insumos que requiere para la intervención en la Ciudad Hospitalaria dr. Enrique tejera (CHET) de Valencia.
Con todos los documentos debidamente sellados y firmados por el secretario de Educación de la administración de Rafael Lacava, acudió a la sede de la Inspectoría del Trabajo César Pipo Arteaga para exponer su caso.
“En la quincena del 10 de abril me suspendieron sueldo injustificadamente… El secretario de Educación me firmó el reposo, pero sus supervisoras dicen que yo miento y que estoy de viaje, por eso estoy aquí, para demostrar que son ellas las que mienten”.
Esta no es la primera vez que se queda sin su salario. En una oportunidad tuvo que esperar cinco meses para que el funcionario de la gobernación le firmará las planillas correspondientes solicitadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), y estuvo ese tiempo sin cobrar “porque al secretario no le daba tiempo de firmar”.
Al acudir recientemente a la sede de la gobernación, le dijeron que fue un error de comunicación y que debe esperar que le reintegren el salario, “y mientras tanto ¿qué como?”.
Aunque el salario no se corresponde a todas sus necesidades, significa un apoyo para su alimentación porque sus hijas y esposo se encargan de los 40 a 50 dólares semanales que se necesitan para sus medicinas y de las consultas quincenales a las que debe acudir.
Más de 200 docentes sin sueldo
El caso de Olivares no es inédito. De acuerdo con los datos del presidente de la junta sindical transitoria de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en Carabobo, Luis Guillermo Padrón, son más de 200 docentes de la secretaría de Educación de la gobernación, los que han sido víctimas de despidos indirectos.
“Están menospreciando a los docentes sin expediente abierto ni informe administrativo. Ellos se fueron a reintegrar a sus trabajos y no los dejan entrar a las escuelas, ni les pasan por escrito que están despedidos ni cuál es su situación laboral, solo le dicen verbalmente y hasta los amenazan y humillan, les dicen que son mentirosos, falsos y vagos”.
Se trata de aquellos maestros que durante el confinamiento estricto por COVID-19 no podían conectarse regularmente para las clases online por falta de internet y de recursos para pagar por datos móviles.
“A ellos les pedían que asistieran a los colegios para firmar asistencia ahí, pero se cuidaban de la enfermedad y para no contagiarse no iban, además, no les alcanzaba el pasaje porque necesitaban 40 bolívares y solo ganaban 25”.
Esto agudiza el déficit de docentes en las aulas de Carabobo que está calculado, según Padrón, en cerca de 40 % al solo estar activos siete mil de 11 mil.
