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Foto referencial: Reuters

Margarita Ospino está decidida a no abandonar su aula de clases. Lo hace a un costo alto. Ella sabe que sus alumnos de cuarto grado, al sur de Valencia, necesitan una docente a diario, y para cumplir con esa labor debe trabajar en las tardes como manicurista para pagar el pasaje y llegar a la escuela, comprar sus implementos de bioseguridad y, en ocasiones, llevarle comida y hasta tapabocas a sus estudiantes.

Su sueldo, como parte de la nómina de la Secretaría de Educación de la gobernación de Carabobo, no le alcanza ni para comer. “Es que no cubre ni la cuarta parte de la canasta básica”, argumentó el presidente del sindicato de educadores regionales, José Gregorio Medina.

Antes eran más de 30 alumnos los que tenía Margarita bajo su cargo. Con la eliminación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en ese plantel, y las dificultades propias de la cuarentena, este lunes 10 enero apenas recibió a 12. “Cada vez asisten menos porque, como a nosotros, a sus padres se les hace muy cuesta arriba tenerles el desayuno todos los días y el dinero para el transporte público”.

Ella vive en Guacara. Así que debe abordar al menos tres unidades desde su casa al colegio, que se traducen en seis bolívares para ir y seis más para regresar, y el bono de trasporte que reciben al mes los docentes solo alcanza para tres pasajes, lo que significa que en media jornada ya no cuenta con ese dinero.

Y eso no es todo. También debe ir, al menos una vez a la semana, al banco para tener el efectivo necesario para el transporte público, una rutina que combina con la de manicurista, con la que puede recibir una remuneración de hasta 50 dólares semanales que le permiten enfrentar el día a día con sus dos hijos menores de edad.

Sin medidas de bioseguridad

La vacunación ya no es un motivo para que los docentes de Carabobo piensen en la posibilidad de no ir a clases. Según detalló Medina, la mayoría de los educadores en la entidad ya cuentan con la segunda dosis contra la COVID-19, pero el problema en estos momentos es la falta de medidas de bioseguridad.

Margarita no solo compra sus tapabocas y gel antibacterial, aunque es una responsabilidad del patrono, sino que lleva varios adicionales porque hay alumnos que van a las aulas sin mascarilla porque sus padres no cuentan con los recursos para adquirirlas.

Esto evidencia que los docentes no están negados a seguir con sus labores presenciales. “Pero exigimos condiciones salariales y biosanitarias”, insistió el representante sindical.

A esto se suma que los maestros no cuentan con seguro HCM ni ningún tipo de atención médica en caso de necesitarla. “Cuando los docentes se enferman tienen que recurrir a la caridad pública, hacer rifas y a pedir dinero a vecinos y familiares que está fuera del país para cubrir gastos”.

Afortunadamente, Margarita no ha padecido COVID-19, pero tres de sus compañeros de trabajo sí y ella fue una de las encargadas de vender números de rifas entre sus clientes como manicurista para ayudarlos.

El llamado de los docentes en Carabobo es que comience la discusión de la contratación colectiva, cuyo proyecto ya fue entregado a las autoridades nacionales, y que estipula mejores condiciones salariales y beneficios laborales.




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