Tienen cinco años presos, pero fueron condenados a 4 años, 8 meses y 4 años y 9 meses días de prisión, respectivamente. Los primeros tenientes de la Aviación Peter Moreno y Luis Lugo siguen presos injustamente en el Centro Nacional de Procesados Militares en Ramo Verde. La razón, el juez Iván Bustamante, titular del juzgado primero de ejecución, no ha emitido la boleta de excarcelación. El argumento, ninguno.
Condenas injustas
Instructores de vuelo y pilotos de aviones de transporte, ambos vieron truncarse sus carreras en el ámbito militar. La tragedia los alcanzó a ellos y a sus familias por unos hechos en los que no tenían responsabilidad. Hoy la injusticia se mantiene. Ya cumplieron la sentencia, pero siguen presos.
Peter Moreno debió haber salido en libertad el 20 de octubre de 2019. Tres meses y 24 días después aun aguarda en la Cárcel de Ramo Verde por su libertad. Él fue condenado por lo que el gobierno denominó el “Golpe Azul”. Se le acusó por los delitos de instigación a la rebelión y contra el decoro militar.
Fue una condena injusta. Él fue citado como testigo y terminó condenado. Su única culpa fue no delatar, o acusar falsamente, como le exigía el gobierno, denunció su mamá, Marilú Guevara a través de las redes sociales. Para disminuir su condena, aceptó los cargos que se le imputaban.
Las incongruencias en el caso de Luis Lugo
En noviembre ocurrió lo mismo con el primer teniente Luis Lugo. Su condena de 4 años, 9 meses y 10 días culminó el 22 de noviembre. A él le imputaron el delito de rebelión, como militar activo que era, pero también uso indebido de condecoraciones y títulos militares “por ser un oficial retirado”, una incongruencia más en este caso, que igualmente buscaba avalar el discurso gubernamental de un supuesto golpe de Estado. Detenido desde el 11 de febrero de 2015, el juicio se reaperturó en mayo de 2018. Al momento de la sentencia, ya tenía 3 años y 3 meses presos.
Dos recursos de amparo ha interpuesto el abogado Gustavo Natera. En noviembre de 2019, para demandar la libertad de Peter Moreno por tener la pena cumplida. Lo mismo hizo con respecto a Luis Lugo en diciembre. Pese a que la ley obliga a que los amparos tengan respuesta expedita, esta aún no ha llegado. “Ejercimos todos los recursos legales, pero aún no tenemos respuesta. El juez Iván Bustamante no despacha desde el 22 de diciembre, siempre está de reposo o fuera del tribunal por alguna otra razón. No nos atiende”
Aunque sus condenas fueron injustas, ambos ya las cumplieron. Hoy no se entiende cómo siguen presos. El artículo 44, numeral 15 de la Constitución establece que nadie podrá permanecer privado de su libertad una vez cumplida su condena. El abogado agrega que además de una violación constitucional, hay una violación flagrante a los derechos humanos de ambos jóvenes. “El Estatuto de Roma además sanciona a los jueces que se escudan en órdenes superiores para no acatar la ley”. Iván Bustamante es uno de ellos.
Las diligencias ante la Corte Marcial han sido infructuosas. No hay respuesta oficial que explique el por qué siguen presos. Al menos, el abogado no la conoce. Lo que sí reconoce Natera es el deterioro psicológico, emocional y orgánico de los jóvenes. «No es fácil enfrentarse a una situación en la que no entiendes por qué no estás en libertad, si ya cumpliste tu condena”.
Edinson Márquez sin acceso al expediente
Pero los de Moreno y Lugo no son los únicos casos. El teniente Edinson Yampier Márquez Caldera era el auxiliar del parque de armas del Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional. Fue detenido el 23 de mayo, acusado por ser parte de lo que el gobierno denominó Operación Armagedón. Según el discurso oficial, funcionarios de las unidades de operaciones especiales de los cuatro componentes militares concretarían un golpe de estado durante las elecciones presidenciales de 2018.
Márquez fue imputado por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión militar, conspiración para el motín y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada. Su audiencia se efectuó el 20 de diciembre de 2018 y en ella aceptó solo los cargos de sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada, buscando minimizar la condena.
Fue sentenciado a un año y 8 meses de prisión, la cual debió terminar el 23 de enero de 2020. La Juez Militar Primera de Control Mayor del Ejército, Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón, mantuvo al tribunal un año sin despacho, lo que impidió que el expediente fuese enviado al tribunal de ejecución, según reconoció el presidente de la Corte Marcial, mayor general Edgar Rojas Borges, durante un encuentro con sus familiares.
Márquez no tiene abogados privados. Solo una defensora pública que no ha movido el caso. A la fecha, sus familiares no han tenido acceso al expediente ni han logrado alguna actuación de esa supuesta defensa. Mientras tanto, el militar sigue preso en Ramo Verde, privado ilegalmente de su libertad desde hace 21 días.
Estos tres casos evidencian que en Venezuela cumplir la condena no es garantía de libertad. Es un derecho humano inexistente, al menos lo es para las pequeñas hijas de 5 y 8 años, la esposa y la mamá de Peter Moreno. También para los padres, hermanos y la novia de Luis Lugo, quienes fueron detenidos para presionar la entrega del militar, recapturado tras otorgarle la libertad, una aberración jurídica que solo se conoce en países violadores de derechos humanos y en dictadura.
La falta de acceso del teniente Edinson Márquez a su expediente es otra demostración de lo mal que funciona la justicia en el país, que castiga a quienes se atreven a disentir del gobierno o, como en este caso, sirven para sustentar el discurso oficial
Para exigir su libertad, esta noche a partir de las 7 sus familiares realizarán un tuitazo en rechazo a la negativa de otorgarles las boletas de excarcelación que los devuelvan a sus hogares.
Nota de prensa
