El Gobierno de Ecuador anunció este viernes que extenderá hasta abril la declaración de emergencia que aplica en varias provincias del país desde el año pasado, ante el inusual flujo de ciudadanos venezolanos.
El anuncio lo realizó el subsecretario de la Comunidad Ecuatoriana Migrante, Jorge Icaza, durante la VIII Mesa de Movilidad Humana, que se desarrolla en la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro (sur).
La emergencia rige en las provincias de Carchi (fronteriza con Colombia), Pichincha (cuya capital es Quito) y El Oro (limítrofe con Perú), que fueron las más afectadas hace algunos meses por el inusual flujo masivo de ciudadanos venezolanos.
Según cifras de la Cancillería ecuatoriana, en los últimos cuatro años han ingresado en Ecuador más de 1,3 millones de venezolanos, de los cuales unos 250 mil permanecen aún en territorio nacional.
La ampliación de la declaratoria se anunció un día después de que la Corte Constitucional, el máximo organismo de control legal de Ecuador, suspendiera de forma provisional la aplicación de una serie de requisitos que el Gobierno había ordenado el año pasado para regular el ingreso de ciudadanos venezolanos.
La Corte acogió a trámite una demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo y aceptó su solicitud de suspender de forma provisional varios acuerdos ministeriales que exigían requisitos adicionales para ingresar, como pasaportes actualizados y un registro de antecedentes penales, entre otros.
La Corte corrió traslado del fallo a la ministra del Interior, María Paula Romo, al canciller José Valencia y al procurador del Estado, Iñigo Salvador, «para que den cumplimiento inmediato con lo dispuesto».
Esas autoridades tienen un plazo de quince días para impugnar eventualmente la decisión de la Corte Constitucional.
El Gobierno ecuatoriano dispuso que los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar en el territorio nacional debían presentar pasaportes actualizados y un certificado de antecedentes penales «de los últimos cinco años, debidamente apostillado o legalizado».
En la demanda, la titular en funciones de la Defensoría del Pueblo, Gina Benavides, acompañada por otros representantes de organismos de derechos humanos, aseguró que los acuerdos ministeriales atentaban «contra el principio de igualdad y no discriminación» establecido en la Constitución.
Asimismo, señaló que la normativa interna y regional permite el ingreso y circulación de ciudadanos suramericanos con la sola presentación del documento de identidad, por lo que aplicar los requisitos adicionales a los venezolanos «genera un trato diferenciado que resulta discriminatorio» y atenta contra el principio de igualdad.
La exigencia del pasaporte a finales del año pasado, ante el aumento inusitado del flujo migratorio de venezolanos por la región, así como la presentación del llamado «pasado judicial», en febrero anterior, fue cuestionado por organismos de derechos humanos.
Además, cuestionaron que el requisito de antecedentes penales se haya exigido a raíz de un caso de feminicidio ocurrido en enero pasado contra una mujer embarazada a manos de su pareja venezolana, que generó reacciones xenófobas en algunos sectores de la sociedad ecuatoriana.
La crisis que atraviesa Venezuela se agudizó a partir del 10 de enero, cuando su presidente, Nicolás Maduro, volvió a tomar posesión del cargo tras imponerse en las elecciones de mayo pasado, no reconocidas por parte de la comunidad internacional.
El 23 de enero el líder del Parlamento, Juan Guaidó, se declaró presidente encargado para la celebración de elecciones libres y democráticos, para lo que ha tenido el respaldo de medio centenar de países.
